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Retorno de los oligarcas y extractivismo en América Latina

El Estado está ausente en la defensa de las poblaciones, mientras que las empresas cuentan con el respaldo de la policía o del ejército para poder realizar sus prácticas
17/10/2018
01:33
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Desde la década de los ochenta algunos países de América Latina han transitado por diferentes etapas políticas en las que destacan: el proceso de apertura de los mercados neoliberales, los denominados gobiernos progresistas y el fortalecimiento del discurso conservador.

Hay evidentes y notables diferencias entre cada uno de estos casos en la región, pero se observa una particularidad común que se ha acentuado en las últimas décadas para casi todos los países: la proclividad hacia el extractivismo como núcleo de las estrategias económicas contemporáneas. El extractivismo se puede definir como todos aquellos procesos de explotación intensiva de la naturaleza con el único fin de exportar la mayor parte de estos bienes, sin que hayan sido transformados o tratados localmente y se identifica por los impactos socioambientales negativos que provocan en la sociedad (Azamar, 2017).

Esta orientación productiva no es gratuita, pues en 2017, Latinoamérica participó con la producción 1.5 billones de toneladas de minerales, 8% del total mundial; 37 millones de m3 en producción forestal, 17% de la estadística global; las reservas de hidrocarburos probadas representaron la quinta parte de las que existían y de esta forma se podría continuar con casi todos los recursos naturales (EIA, 2018; FAO, 2018; WMD, 2018).

Es decir, el despojo y la extracción de los bienes naturales es la punta de lanza de un modelo de acumulación con un uso intensivo de capital y de trabajo, orientado principalmente a cubrir la demanda de los mercados internacionales y creando riqueza concentrada en pocas manos que no beneficia a la economía local de las comunidades donde se practica, pues más de 40% de estas poblaciones se encuentran por encima del nivel medio de pobreza, además de que se mantienen en constante tensión y conflicto con el Estado y las empresas (Azamar, 2017 y 2018; FUNDAR, 2018).

Por otra parte, el extractivismo en todas sus formas crea un patrón de aprovechamiento especializado en el que el territorio pierde toda dimensión social y se transforma en un recurso desechable en la dinámica del comercio internacional, de manera que el espacio utilizado para la extracción se vuelve una colonia proveedora de materias primas en el que la población generalmente es irrelevante y, por lo tanto, carece de protección y/o beneficios.

Este deterioro socioambiental no es el resultado de un evento aislado, el extractivismo es una práctica neocolonialista que representa una parte de las dinámicas de poder mundial. Se impone a través de presión económica (intereses de deuda externa, condiciones para financiamiento, inversión) o violenta (guerras preventivas, estabilización regional) y se implementa por medio de los gobiernos en turno, resultando indiferente a la estructura de estos, aunque puede tener mayor afinidad hacia los que disminuyen los controles del Estado sobre la industria, tal como se observa en la actualidad latinoamericana.

La derrota y abandono del “Estado compensador” que representó el progresismo, debido a la victoria electoral de los “Estados oligarquizados” (bautizado así por Contardo), que se vislumbra en las propuestas centro derechistas de Bolsonaro, en Brasil; o en las políticas neoliberales de Mauricio Macri, en Argentina; Martín Vizcarra, en Perú; Iván Duque en Colombia, (entre otros); crea un repentino escenario favorable para la industria extractiva que ahora carece de contrapesos elementales que puedan regular sus actividades y, por lo tanto, estimula su crecimiento.

Existen múltiples riesgos derivados de la intensificación de las actividades que se dedican a la explotación de la naturaleza. Uno de los principales y que desencadena muchos otros, es la acentuación de la pobreza y el hambre. Durante los últimos 30 años se ha luchado contra estos dos problemas que afectan a todos los seres humanos y, aunque es cierto que se está ganando la batalla debido a que ha disminuido el número de afectados por estos indicadores, esto principalmente es en los países desarrollados, pues las regiones con mayores flujos exportadores de materias primas han comenzado a aglutinar el grueso de la estadística sin una tendencia clara a disminuir el número de personas perjudicadas, lo cual coincide de forma alarmante con el incremento de proyectos extractivos y la desaparición de programas de apoyo a los más necesitados -como ha sucedido en Brasil-.

El problema asociado a la pauperización en estas naciones -y en particular de las comunidades donde se práctica la extracción de materias primas-, es que se incrementan las tensiones sociales, pues el Estado está ausente en la defensa de las poblaciones, mientras que las empresas cuentan con el respaldo de la policía o del ejército para poder realizar sus prácticas; de manera que las colectividades optan por la protesta (a veces violentamente) para recuperar los derechos de la tierra y la vida. Ejemplo de ello son las manifestaciones contra la tala masiva de árboles y la minería en Perú, las cuales dejaron más de 33 muertos por efecto de la represión del Estado en el año 2010.

Evidentemente, estos efectos negativos son producto de la anuencia implícita o explicita del Estado, aunque vaya contra las mismas leyes, lo que significa que podría existir corrupción en la forma en que se está llevando a cabo el aprovechamiento de la naturaleza. La estructura institucional de los Estados latinoamericanos es frágil ante la presión económica de estas industrias. En Colombia y en Perú existen múltiples casos documentados de compañías privadas que incurren en violaciones directas a la legislación de protección ambiental y estas siguen operando sin mayor problema.

La mayoría de los casos mencionados son herencia del siglo pasado que continuaron durante los gobiernos progresistas, mismos que no rompieron con ciertas dinámicas neoliberales, pero sí se beneficiaron de los mecanismos extractivistas que sustentan al capitalismo. Si bien, el progresismo tuvo efectos negativos, también se crearon plataformas sociales que beneficiaron a millones de personas.

En cambio, las nuevas estrategias políticas de centro-derecha tienden hacia la desprotección social y al beneficio empresarial intensivo, lo que en esencia conduce a un continuismo de las políticas que ya están en marcha, pero olvidándose de cualquier bienestar para la sociedad. Esta nueva etapa en realidad debería denominarse: “Estados expoliadores”.


Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Correo: [email protected]
Aleida Azamar
Profesora Investigadora del Departamento de Producción Económica, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Correo: [email protected]