Por Víctor G. Carreón Rodríguez, Alma Patricia de León Calderón, Miguel A. Guajardo Mendoza
México está inmerso en una interesante dinámica en el sector financiero. Se beneficia de una irrupción tecnológica rápida y generalizada, que ocurre en el mercado de un producto o servicio financiero (expansión exponencial de tarjetas de crédito a través de plataformas financieras digitales), o en todo el sector (uso de big data e inteligencia artificial en la operación diaria de las instituciones financieras), con impactos sustanciales en la economía y, por lo tanto, en el bienestar de los agentes económicos.
Para potenciar los beneficios de las tecnologías disruptivas que están detrás del desarrollo de las plataformas financieras digitales, se requiere que el estado articule una respuesta coherente y coordinada de política pública adecuada a la nueva realidad del sector financiero. Se trata de anticiparse a los riesgos de desperdiciar el potencial positivo de este cambio tecnológico acelerado. Varios países en Latinoamérica están tomando el liderazgo en estos temas (Brasil y Uruguay como ejemplo).
Pero, más importante, se requiere la acción coordinada de todos los actores que participan en los mercados de productos y/o servicios financieros. Cada uno de ellos debe intervenir para modificar la arquitectura de mercado vigente, cada quien desde su ámbito de acción. Los agentes reguladores (Banco de México; Secretaría de Hacienda; Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; etc.) para adecuar la regulación vigente a las nuevas tecnologías.
Es urgente articular acciones de política pública que modifiquen aspectos relevantes de los mercados financieros y de las instituciones que los regulan y garantizan su funcionamiento para acelerar su digitalización y facilitar la entrada y crecimiento de actores disruptores. Para ello hay que diseñar propuestas con base en dos insumos fundamentales: (i) evidencia de acciones públicas y experiencias internacionales que han funcionado en otras regiones del mundo; y, (ii) evidencia empírica de la evolución de los mercados de productos y servicios financieros en México.
Algunos ejemplos de lo que se requiere en esta materia son los siguientes: (i) promover la adopción de las nuevas tecnologías (cómputo en la nube, open finance, big data, inteligencia artificial, etc.) para que el ecosistema financiero aproveche los beneficios que generan; (ii) diseñar un marco normativo del sector acorde a las nuevas tecnologías; (iii) acelerar la llegada de las plataformas financieras digitales y neobancos a la economía mexicana y potenciar su penetración en los grupos de la población más rezagados (mujeres y habitantes de localidades pequeñas); (iv) adecuar el marco regulatorio para reducir o eliminar los costos de transacción relacionados con la operación diaria del sector financiero (i.e. facilitar la identificación digital de personas y empresas); (v) fomentar la llegada de nuevos productos y servicios financieros, más cercanos a las demandas de los usuarios; (vi) garantizar la seguridad de la información en las operaciones del sector; (vii) garantizar la protección de los datos personales de los usuarios; (viii) mejorar los esquemas de protección del consumidor para generar confianza y certidumbre de los canales existentes para atender sus inquietudes y reclamos; y, (ix) incentivar la formación de capital humano relacionado con las nuevas tecnologías y su aplicación en el sector financiero digital.
Finalmente, los oferentes, están obligados a generar más y mejores productos financieros que cada vez estén más cerca de las necesidades de los consumidores pues la tecnología disponible ya lo permite. Y esto se puede realizar con una reducción sustancial de los costos de transacción y con mejor información a los usuarios.
Ya no hay más tiempo, el resto del mundo está tomando acciones. Hay que tomar las decisiones que se requieren de forma coordinada y coherente para no quedar rezagados. El bienestar de la población está en juego.
Los autores son investigadores del CIDE
