El viernes pasado, desde Reinserta y en colaboración con organizaciones aliadas como Casa de la Sal, DKT, Círculo diverso e INSADE; tuve la oportunidad de participar en la primera marcha por el orgullo LGBTQ+ dentro de una cárcel, desde el Centro Preventivo Varonil Oriente.

Ese día, fui acompañada también por amigos y representantes de la comunidad como Jhonny Caz, Ricardo Peralta, Beto Tavira, Brando Alcauter, Ana Julia Yeye, Sheyla Ferrera y más personalidades quienes se unieron para exigir derechos, ayudar a visibilizar a una población sumamente vulnerada y olvidada y a marchar con ellos y ellas desde las paredes del penal.

En México, según el Inegi, 1 de cada 20 personas mayores de 15 años, se autoidentifica como LGBTQ+, pero también, México es la segunda nación con mayor índice de crímenes por homofobia.

La falta de información respecto de la comunidad LGBTQ+ en nuestro país es alarmante, respecto de estadísticas específicas sobre delitos de homofobia es bastante limitada. Desencadena una serie de actos que pasan por impunes por omitir darle la importancia debida, de tal manera que genera más violencia.

Si hablamos de la comunidad LGBTQ+ que se encuentra en privación de la libertad, la invisibilidad de esta población se incrementa todavía más. En México hay alrededor de 8 mil 719 personas privadas de la libertad que se identifican como parte de la población LGBTQ+; que representan cerca de 4% del total de la población privada de la libertad (ENPOL, 2021).

Esta población a menudo enfrenta desafíos y dificultades traducidas en: discriminación, acoso, falta de acceso a la atención médica y a la atención específica de género, y riesgo de violencia por parte de otras personas privadas de la libertad o incluso del personal penitenciario. Me parece alarmante que la falta de conocimiento y comprensión sobre las identidades puede llevar a situaciones de violencia, aislamiento y negación de los derechos básicos a los que todas y todos deberíamos tener acceso.

Si bien México ha intentado avanzar en el reconocimiento y protección de la comunidad, tal como la aprobación del Congreso para tipificar como delito las terapias de conversión, no existe una política pública integral que vele en su totalidad por las necesidades de la comunidad. Debe haber un pronunciamiento claro e íntegro en contra de la homofobia, la transfobia y cualquier crimen de odio en contra de grupos que son rechazados por expresar y vivir su sexualidad y orientación desde la libertad de expresión a la que todas y todos tenemos derecho como seres humanos.

Sueño con un México en el que cada año que salga a marchar, seamos más las personas levantando la voz por nuestros derechos, sueño con un México en el que nuestros niños y niñas aprendan de las diferencias y sean empáticos y tolerantes, sueño con un México menos prejuicioso, menos punitivo, más seguro. Un país más enfocado en aceptar y entender que la diversidad enriquece a una sociedad y que solo respetando esas diferencias podremos comenzar a crear una cultura basada en los derechos humanos y en donde todas y todos nos sintamos seguras y parte de la sociedad.

Gracias al secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch; al subsecretario Omar Reyes Colmenares, al director Ejecutivo de Prevención y Reinserción Social del Sistema Penitenciario, Gerardo Lobato, a los custodios y al resto de autoridades que nos abrieron las puertas a crear este espacio disruptivo y nuevos espacios de integración social.

Presidenta de Reinserta

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