En su novela El informe pelícano, John Grisham desentraña una trama en la cual la corrupción se entrelaza con el sistema judicial y la política, y la seguridad de las figuras públicas se convierte en un recurso crucial para quienes buscan la verdad.
Aunque es una historia ficticia, plantea una pregunta fundamental, que adquiere relevancia en nuestra realidad actual: ¿hasta qué punto tenemos disposición para para garantizar la seguridad de quienes se encargan de velar por la justicia y la integridad en la sociedad?
En un mundo donde la información fluye constantemente y donde la transparencia es un valor que exige la ciudadanía, la seguridad pública adquiere un significado aún más relevante.
La novela de Grisham nos recuerda que la seguridad de las figuras públicas no sólo es un asunto de protección física, sino también una garantía de que puedan desempeñar su papel en la búsqueda de la verdad y la justicia, sin temor a represalias o amenazas.
Recordemos que la seguridad pública es un fin esencial de todo Estado nacional. Nadie puede soslayarla y menos ignorarla, además de que será un tema recurrente en los tiempos por venir.
La delincuencia organizada se ha convertido en un elefante en nuestra sala, y es imposible invisibilizarlo u ocultarlo; así debemos asumirlo y enfrentarlo.
Por eso, el ataque directo a funcionarios responsables de la seguridad y la justicia es un límite infranqueable, irreductible y no tolerable en cualquier Estado de derecho que se precie de ser democrático.
Aun si estos funcionarios llegasen a fallar (por corrupción, colusión o abuso), su eliminación artera es una frontera límite. Hablo de policías, fiscales y jueces, mujeres y hombres, en todos los órdenes y niveles de gobierno. No es solamente la persona del funcionario lo que se vulnera, sino la función que representa. Por ello, un atentado de este tipo se castiga con las penas máximas en cualquier país.
Es el caso del delegado de la Fiscalía General de la República en Guerrero, Fernando García Fernández, quien fue arteramente asesinado por un comando de sicarios cuando se dirigía a su oficina el pasado 12 de septiembre, en Chilpancingo, capital del estado.
García Fernández se desempeñó como subdelegado en Aguascalientes y Morelos, y como coordinador de las unidades especializadas en terrorismo y en secuestro de la SIEDO, en la misma Fiscalía.
Esta ejecución estuvo antecedida por otros 16 atentados fatales en contra de mandos y agentes de órganos y dependencias de seguridad y procuración de justicia en el mismo estado, durante el último semestre.
Respecto a atentados letales de alto impacto en los años recientes, recuerdo tristemente el del general José Silvestre Urzúa Padilla, comandante de la Guardia Nacional en Pinos, Zacatecas, y el del juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, en Colima.
La organización Causa en Común registró la cifra de 2,227 agentes del orden ultimados en los últimos cinco años.
El pasado 7 de septiembre inició el proceso electoral que nos conducirá a la elección más grande de nuestra historia, con más de 20 mil cargos en disputa en los tres órdenes de gobierno, con campañas que serán álgidas, intensas y especialmente agresivas en términos discursivos.
Hagamos votos para que el alto perfil de campañas negativas (que seguramente tendrá el proceso electoral en curso) no traspase la frontera entre la virulencia política verbal y la violencia física.
Ojalá que tanto los partidos como las y los candidatos tengan la civilidad de medir las consecuencias inesperadas de sus campañas negativas; la sabiduría para distinguir entre la libertad de expresión y el instinto a la agresión; entre civilidad y barbarie… Sobre todo, cuando el crimen organizado busca la ventana rota de las campañas electorales para infiltrarlas y dominarlas.
Pero también hagamos votos para que las familias de todas y todos los agentes de seguridad y procuración de justicia caídos en el cumplimiento de su deber en todos estos años de guerra no convencional encuentren justicia y paz interior.
Con este artículo, expreso mi solidaridad a todas las familias que han perdido a un ser querido en servicio. Revaloremos a todas aquellas mujeres y hombres que trabajan en favor de la sociedad en esta labor que se convirtió en una actividad de alto riesgo.
