Es un hecho innegable que en años recientes México ha experimentado un gobierno autoritario y ensordecedor, en el que la toma de decisiones se centra en la voz predominante de un solo hombre que ostenta el poder. Sin embargo, ninguna democracia contemporánea puede jactarse de tener ese valor si los principios del Estado Constitucional de Derecho no se ven garantizados, incluyendo la escucha de todas las voces, bajo un enfoque inclusivo y colaborativo.

No debe olvidarse que la diversidad de perspectivas y la representación de distintos sectores de la sociedad son esenciales para abordar los complejos problemas que enfrentamos.

Por ello, en el escenario político actual de México, en el que la pluralidad de voces se ha constituido como una de las apuestas más relevantes que permitan conducir a nuestro país en la dirección correcta, desde la oposición no se han escatimado los recursos por construir una oportunidad única que fortalezca nuestra democracia, hablamos de la implementación de un gobierno de coalición.

Esta propuesta, que ya se encuentra contemplada en nuestra Constitución Política no solo representa un cambio estructural en la dinámica política, sino que también se manifiesta como una necesaria respuesta a los retos y desafíos que enfrenta nuestro país.

La creación de un gobierno de coalición desde la oposición se basa en la premisa de que la construcción de políticas públicas eficaces requiere el consenso y la cooperación de fuerzas políticas diversas.

En esa virtud, en la sesión ordinaria del Senado de la República del pasado 15 de noviembre, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Gobierno de Coalición, reglamentaria de los artículos 76 fracción II y 89 fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforman y adicionan diversos ordenamientos.

Dicha iniciativa de ley pretende dotar de certeza jurídica esta modalidad gubernamental, tratándose de un paso significativo hacia la consolidación de un sistema político más participativo y representativo.

Uno de los principales beneficios de esta propuesta es la capacidad de equilibrar el ejercicio del poder. Al contar con la participación activa de distintos actores en la toma de decisiones, se evitan las concentraciones excesivas de poder y se fomenta la rendición de cuentas. Además, se promueve una mayor estabilidad gubernamental al reducir la polarización y favorecer el diálogo político.

El contexto internacional demuestra que los gobiernos de coalición son una estrategia exitosa para consolidar la estabilidad y promover políticas más equitativas. Alemania, por ejemplo, ha experimentado resultados positivos al implementar gobiernos de coalición que representan a diversas fuerzas políticas y, por ende, a una variedad de intereses ciudadanos.

No obstante, la implementación de esta propuesta no estará exenta de desafíos. La construcción de consensos y la gestión de agendas políticas divergentes requerirán un compromiso genuino por parte de los actores involucrados, donde indiscutiblemente también la sociedad civil desempeñará un papel crucial.

Sin duda alguna, la ruta que se construye desde la oposición para el presente y futuro de México es clara y certera, pues busca que nuestro país tenga el primer gobierno de coalición en su historia. Este cambio no solo fortalecerá las instituciones democráticas, sino que también enviará un mensaje claro: la gobernabilidad democrática de México se construye mejor cuando trabajamos juntos desde la diversidad y el consenso.

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