La iniciativa de reforma judicial esconde una intención que no se alcanza a vislumbrar con claridad cuando el foco de atención sigue puesto en la elección por voto popular de la entera judicatura federal. Si se observa detenidamente se podrá advertir que la reforma busca modificar significativamente el conjunto de garantías que la Carta de Querétaro confiere a la judicatura constitucional que conforma el PJF.
El reducir de 11 a 9 el número de ministros no supondrá ahorros significativos, pero si restringirá la pluralidad de perspectivas desde las cuales se puede interpretar nuestra Constitución, que es donde reside la garantía de un pacto en el que cabemos todos, y generará una carga extenuante de trabajo que en muy breve tiempo se deslizará hacia un rezago inminente, ante la obligación de que el Pleno tenga que conocer el alto número de asuntos que año con año llegan a la SCJN -solo en 2023 fueron 16,405 ingresos-.
Aun cuando los requisitos de elegibilidad se mantienen, lo que cambiará sustancialmente es el perfil de las personas que busquen ingresar al PJF, pues ya no importará su especialización en derecho civil, penal o administrativo, ni su dominio de las técnicas de interpretación constitucional, sino sus padrinazgos políticos, y su disposición a comprometerse con grupos del poder político y con los intereses de los poderes fácticos.
Los cambios al régimen de ausencias buscan ensanchar las atribuciones del Senado en pleno, o de su Comisión Permanente, para la designación ministros, magistrados y jueces interinos, para que, bajo ninguna circunstancia se pierda el control de los órganos jurisdiccionales.
Desde la reforma de 1994 se reforzó la garantía económica de los integrantes del PJF, concibiendo que su renovada función de control constitucional implicaba dotarles de una retribución digna y adecuada, acompañada de su correspondiente irreductibilidad salarial. 30 años después se insiste en que nadie tenga una remuneración superior a la del Presidente de la República, a pesar de que éste, si bien tiene un salario acotado, cuenta con un amplio abanico de prestaciones —casa habitación, alimentación, transporte, seguridad, ayudantía etc.—, que no tienen parangón con ningún otro cargo dentro de la función pública.
La consideración de un Tribunal de Disciplina Judicial supone un cambio de fondo al régimen de responsabilidades, ya que ministros, magistrados y jueces podrán ser investigados, sancionados e incluso removidos —con excepción de los ministros— por irregularidades denunciadas por cualquier persona o autoridad, cuando se cometan actos contrarios al interés público, se encubran a presuntos delincuentes, o se emitan resoluciones que no se ajusten al principio de excelencia, con lo que esto quiera decir. Contará con amplísimas facultades para sancionar administrativamente a los propios ministros, solicitar juicio político ante la Cámara de Diputados y presentar denuncias ante el Ministerio Público contra cualquier juzgador, con la única limitación de que la remoción de los ministros seguirá estando sujeta a su régimen de responsabilidades políticas y penales.
Finalmente, la reforma constitucional, de aprobarse, se erigirá en una causal de cese fulminante de los cerca de 1,670 juzgadores federales, y será la llave de acceso a otros tantos que, dado su origen popular, tendrán que pasar por una curva de aprendizaje para manejar su materia, conocer los expedientes, emplear los precedentes y la jurisprudencia, y utilizarlos en la resolución de los asuntos. Todo un movimiento pendular que desde la posición de independencia e imparcialidad de la que hoy gozan, buscará anclarlos en el campo de la política, obligándolos a incursionar en el terreno electoral, y a dejarse influir por las demandas sociales para resolver de conformidad con las expectativas que momento a momento reclame el electorado.
Con un cambio como el propuesto, la justicia, con jueces más políticos y con menos garantías, tiene todo que perder, y la política, con jueces politizados, tendrá todo que ganar.
