Las acciones afirmativas, aprobadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) en enero de 2021, surgieron con el objetivo de garantizar la representatividad y acceso al poder público de distintas poblaciones históricamente discriminadas, entre ellas, las de la diversidad sexual.
En buena parte, estas medidas de compensación son resultado de la lucha política, jurídica y legislativa del movimiento LGBTI+ que durante varias décadas ha buscado revertir la brecha de desigualdad de la que ha sido objeto en los espacios de representación y participación política.
A unos días de la jornada electoral del 2 de junio que renovará más de 20 mil cargos de elección popular, incluida la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados y nueve gubernaturas, se han dado a conocer actos de usurpación que vulneran el carácter compensatorio de las acciones afirmativas.
En varios estados del país, los partidos políticos, ante la ausencia de mecanismos que aseguren el cumplimiento efectivo de las acciones afirmativas, han sido omisos al hurto de espacios legítimamente reservados para las ciudadanías LGBTI+.
Uno de los casos más notorios es el del gobernador con licencia de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, a quien Morena registró como candidato a diputado federal plurinominal en detrimento de Héctor Manuel Mora, militante LGBTI+ de esa fuerza política y a quien le fue retirada dicha candidatura sin respetar convocatoria, estatutos y el método de insaculación.
La usurpación de espacios no es nueva para el ex futbolista, pues en mayo de 2021, apenas unos meses después de que el INE aprobara las acciones afirmativas, el ex diputado local Roberto Carlos Yáñez, personaje cercano a él, se registró, sin serlo, como parte del colectivo LGBTI+.
La porosidad normativa también ha puesto en entredicho a algunas organizaciones civiles señaladas de expedir documentos para avalar a personas que, sin ser parte de la diversidad sexual, buscan un cargo de elección popular a través de esta acción afirmativa.
Consolidar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las ciudadanías LGBTI+ sigue siendo uno de los grandes retos para la democracia en México, y en tanto las acciones afirmativas no evolucionen y se acompañen de mecanismos de seguimiento y evaluación, personas ajenas a este grupo poblacional seguirán burlando normas y usurpando espacios.
La voracidad sobre las candidaturas asignadas a la diversidad sexual no es nueva, en diciembre de 2017 el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), aprobó los Lineamientos en Materia de Paridad de Género que en su artículo 16 permitió a personas trans y muxes ser postuladas de acuerdo al género con el que se identificaran.
Meses después, en abril de 2018, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza intentaron manipular la nueva legislación y registraron en los municipios de San Juan Bautista Tlacoatzintepec, Mariscala de Juárez y San Antonino Castillo Velasco, a 17 varones con el género femenino para supuestamente dar cumplimiento al requerimiento en materia de paridad.
Aludiendo a evitar ser sujetos de discriminación en sus comunidades, los candidatos mantuvieron en absoluta discreción dicho trámite, sin embargo el intento de burlar la normatividad fue evidenciado por organizaciones civiles y el IEEPCO inició una investigación que develó la intención de usurpar la identidad trans.
Posteriormente, la autoridad jurisdiccional canceló estas 17 candidaturas denunciadas por ser de hombres cisgénero que simularon en sus formatos de registro ser mujeres trans para así contender por presidencias municipales.
La lucha de la diversidad sexual por espacios de representatividad política no es nueva, uno de sus antecedentes está en el Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes (IEEA).
El 26 de agosto de 2020, el IEEA, a través del expediente SUP-REC-277/2020, recibió por parte del colectivo “Juntos por el camino de la diversidad”, la solicitud para que se pronunciara, entre otras cuestiones, sobre la necesidad de crear acciones afirmativas para el empoderamiento de personas LGBTI+, con relación a formar parte de órganos electorales como los Consejos Distritales y Municipales.
De acuerdo con la petición, dichos consejos debían integrarse con dos hombres, dos mujeres y una persona del colectivo LGBTI+ auto descrita como no binaria, incluyendo la incorporación en los casilleros de los formularios de esta categoría.
El IEEA respondió que no era posible establecer una cuota en favor de personas LGBTI+ y consideró que no se podía utilizar un tercer casillero con el término no binario en los formularios para integrar los consejos.
Luego de una batalla en el que intervino el Tribunal local, el IEEA incorporó una cuota del 10 por ciento no obligatoria para los cargos de suplencias y propietarios en la integración de los consejos municipales y distritales, la realización de tres listas: una para mujeres, otra para hombres y una más para “personas en situación de vulnerabilidad”, integrándose así un bloque conformado por personas LGBTI+, incluida la categoría no binaria.
Lo anterior, fue una importante victoria y un gran antecedente del movimiento de la diversidad sexual en la lucha por sus derechos políticos y electorales.
La falta de rigor en el proceso de autoadscripción, mediante el cual se prueba pertenecer a las poblaciones LGBTI+, y la omisión de los partidos políticos, son una fuente de inagotable tentación para distintos actores que ven en esta acción afirmativa la posibilidad de continuar lucrando políticamente.
A diferencia de las personas indígenas, migrantes y con alguna discapacidad -quienes deben cumplir un mayor número de requisitos-, para las poblaciones LGBTI+ los lineamientos establecidos por el INE en materia de autoadscripción son sumamente laxos pues únicamente se basan en el acto voluntario de decir que se pertenece a un grupo específico, esto, mediante una carta suscrita en la que se manifiesta el género con el cual se identifica o la orientación sexual.
Lo anterior ha provocado que a pocos días de los comicios del 2 de junio, ningún partido político se salve de ser señalado de posibles usurpaciones de candidaturas destinadas a la diversidad sexual. En Aguascalientes, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, y Zacatecas, hay indicios de simulaciones partidistas para cumplir con esta acción afirmativa.
En aras de concretar estas medidas compensatorias, y más allá de la voluntad de los partidos políticos para respetarlas e implementarlas, son necesarias reformas legislativas que guíen a los institutos políticos y a las ciudadanías LGBTI+ interesadas en participar en los procesos electorales en todo el territorio nacional.
Erradicar la usurpación de candidaturas LGBTI+ es condición indispensable para terminar con la burla que muchas personas, aprovechando debilidades legales, han hecho de las acciones afirmativas en detrimento de los derechos políticos y electorales de la diversidad sexual, misma que, desde hace muchos años, reclama piso parejo en el acceso a oportunidades.
Activista LGBTI+ y director nacional de Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática
