La Real Academia Española define la zozobra como la “inquietud, aflicción y congoja del ánimo, que no deja sosegar, o por el riesgo que amenaza, o por el mal que ya se padece”, una palabra que describe el sentir de una sociedad donde solo 1 de cada 10 delitos se denuncia; y de ese 1%, la probabilidad de que un criminal sea procesado y sancionado por haber cometido un delito es apenas poco más del 0.1%. Nuestra crisis es de impunidad.
Hace 21 días, en Texcaltitlán, un municipio de unos 18 mil habitantes al sur del Estado de México, se evidenció una vez más la indefensión y la desesperación de una sociedad que, harta del abandono y omisión de sus autoridades, se enfrentó a un grupo criminal, con un saldo de 14 personas muertas.
Antier, el gobierno del Estado de México, la Fiscalía General de Justicia de la entidad y un representante del Ejército, ofrecieron una conferencia de prensa carente de compromisos y estrategias puntuales. Ofrecieron paz, coordinación y bienestar social en general y, en concreto, la próxima construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en la comunidad de Texcapilla y la creación de “un mando especial”.
A Morena y su gobierno no le alcanzan la repartición de culpas y de despensas, para comprar el luto y devolver la tranquilidad a las familias afectadas, porque la exigencia de justicia es añeja, cierto, pero su estrategia de abrazos, sin apoyo y fortalecimiento a las policías municipales, estatales y a los ministerios públicos, quedó rebasada.
En respuesta a lo ocurrido, se ofreció un mensaje desesperanzador, que mostró “la incapacidad de las autoridades estatales para esclarecer los hechos, impartir justicia y garantizar la no repetición de los lamentables hechos, dejando indefensa a la población de la entidad más grande del país”, como señalamos al fijar postura desde el PRI mexiquense.
Además, insuficiente, porque no rindió cuentas de la tardía reacción de la policía estatal: más de tres horas después de enterarse de las detonaciones de armas de alto poder, así como la nula actuación de las autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.
En la conferencia, el gobierno no explicó cómo fue posible que personas armadas sustrajeran a heridos por el enfrentamiento de un hospital público que debió estar asegurado por la policía del Estado de México, protegiendo a esas personas y a los demás usuarios del centro de salud.
Culpar al pasado o repetir los lugares comunes de una fallida “estrategia” nacional de seguridad, aceptada con resignación por los gobiernos estatales, no colma el vacío de un Programa Estatal de Seguridad, que es obligación de la nueva administración estatal.
Rectificar el camino y aprovechar el marco legal que se ignora desde el gobierno federal, puede ser un buen comienzo. Urge dotar a las policías estatal y municipales de capacitación, equipamiento, controles y mejores salarios, para que reciban denuncias e inicien investigación del delito, a fin de despresurizar a los Ministerios Públicos de la saturación de funciones y concentrarlos en el armado de casos sólidos y el correspondiente litigio, para que quien la haga, la pague.
Mientras se extingue el sexenio que prometió esperanza y transformación, aumenta la zozobra de millones de mexicanos y mexiquenses por el incremento de la delincuencia y la impunidad, pero también azorados por una administración federal cuya única estrategia, es colocar a las fuerzas militares por encima de los civiles en funciones estratégicas de gobierno y en el combate a la inseguridad, pues este 2023, los militares rebasaron ya, en número, a los policías civiles dedicados a la seguridad pública.
-Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana, de la Universidad Iberoamericana.
Mexiquense, diputada federal reelecta por el Distrito 27 y presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI.
