La ineficacia de su gobierno y la corrupción de sus familiares son dos realidades que están haciendo añicos la narrativa y el liderazgo de ya saben quién.
Sin medicamentos, con la atención médica por los suelos y con la inseguridad en franco ascenso, demuestran que no son iguales, sino peores que cualquier gobierno y de sus cercanos, mejor ni hablar, pues echan por la borda la honestidad que se proclama desde Palacio Nacional.
Ante el cúmulo de cada vez más evidencias, el gobierno de Morena se desmorona y, en su desgajamiento está a punto de desbarrancar, antes de que empiece, la campaña electoral de una sucesora que orgullosa pregona más de lo mismo.
“Si no puedes negar las malas noticias, crea otras para distraerlas”, sugiere con malicia el llamado Principio de Transposición de la Propaganda, de Joseph Goebbels. Fiel a esa consigna, ahora que la popularidad del Presidente toca el piso de los 54 puntos porcentuales, busca quitar el foco de atención a los hechos que acreditan tráfico de influencias, corrupción y nula empatía con los más necesitados, en temas tan relevantes como la salud, la educación, la escasez de agua y la falta de seguridad.
Para desviar la atención de una realidad que cobra vidas, el presidente nos receta una veintena de improbables iniciativas de reformas constitucionales, que no valdría la pena detenerse a analizar, de no ser porque al revisar algunas de las más llamativas, queda clara la mala intención de esa estratagema.
El más estéril de sus planteamientos es la reforma electoral: Tras intentos previos bloqueados, AMLO busca revivir el debate sobre el costo de la democracia y el financiamiento de partidos políticos, siendo claro que el partido que más se opone a esas medidas es, precisamente, el suyo.
La más demagógica, la propuesta de elección popular de jueces y ministros, que subraya el conflicto entre el Ejecutivo y el Judicial, y la notoria obsesión de someter al segundo, a la égida del primero.
La menos viable, la de incrementar los salarios por encima de la inflación, inscribiendo un decreto en la Constitución, a pesar de que existen leyes que ya protegen los salarios.
O la más engañosa, la que el gobierno de Morena llama pensiones del 100% del último salario para trabajadores del IMSS e ISSSTE, aunque los limita a menos de 17 mil pesos. Y algunas nimiedades que no tendrían por qué ir a la Constitución, como la prohibición de venta de vapeadores y de maíz transgénico, u otras basadas en desinformación como la prohibición del fentanilo, aunque sea indispensable para ciertos tratamientos médicos, o el uso del “fracking” para la explotación de recursos del subsuelo. Y qué decir de propuestas que ya plantearon en el pasado otros partidos, como la eliminación de legisladores plurinominales, o la reducción de síndicos y regidores, que corresponde a las legislaturas locales.
No es casualidad que, a unos meses de la elección, Morena busque enfrascar a la oposición en una discusión estéril y sin rumbo. Saben que no cuentan con los votos para consumar este asalto a la democracia y a la vida institucional que sostiene a la Nación.
La postura de los grupos parlamentarios del PRI en el Senado y la Cámara de Diputados, es única, unánime e inamovible: vamos a defender la Constitución y votaremos en contra de cualquier iniciativa que busque desaparecer los órganos autónomos, debilitar al Poder Judicial o desarticular el régimen democrático.
El proceso electoral que estamos viviendo va a determinar más que el futuro de la democracia, el destino de la patria, que es la tierra de nuestros padres, la que será la tierra de nuestras hijas e hijos.
