Morena y su gobierno saben que debilitar una democracia, pasa por desmantelar al árbitro electoral, pero también por mermar la capacidad crítica y la independencia económica de la sociedad, por eso no es casual que su mal llamada transformación, excluya a la juventud mexicana de la oportunidad real de acceder a la educación superior.
Al igual que en el ámbito electoral, la estrategia oficialista empezó por modificar la Constitución en 2019, para incluir la obligatoriedad y gratuidad de la Educación Superior; llenaron de buenas intenciones la Carta Magna, para luego usar su mayoría legislativa en la aprobación de leyes secundarias que dieron manga ancha a la discrecionalidad y la opacidad que los caracteriza. Así fueron creadas las universidades para el Bienestar "Benito Juárez García", con el noble propósito de llevar sedes educativas a municipios ubicados en zonas del país con mayor pobreza y rezago en desarrollo social; favoreciendo —dijeron— el acceso a la educación universal de las y los jóvenes mexicanos.
Sin embargo, a tres años de su creación, las inconsistencias e irregularidades se multiplican en casos de alumnos como el de Juan. R. Escudero, en Guerrero, quien no ha podido estudiar Medicina Integral y Salud Comunitaria, por falta de maestros o el de los alumnos del plantel Tlalpan en la Ciudad de México, que no asisten a clases porque no cuentan con salones, a pesar de que la sede recibió 12 millones 468 mil pesos desde 2019.
En las Universidades Benito Juárez, las y los docentes carecen de prestaciones laborales; son contratados mediante convenios de prestación de servicios temporales, con planes de estudios inconclusos y sin el derecho a recibir cursos de capacitación, pese a que una de las reformas al artículo 3º constitucional, establece su “derecho de acceder a un sistema integral de formación y capacitación.”
Sin planteles, profesores, planes de estudio y en algunos casos sin validez oficial de los estudios que ofertan, las Universidades Benito Juárez solo brindan una certidumbre al estudiantado: la beca de 9 mil 400 pesos que reciben cada ciclo escolar de cuatro meses. El tiempo perdido, corre por su cuenta y riesgo: no hay responsables.
Los datos gubernamentales reportan 23 sedes universitarias aún sin terreno para sus planteles y al menos 14 en obra negra. Todo esto, a pesar de que desde el 2019 a la fecha, las Universidades para el Bienestar Benito Juárez han recibido 4 mil 19 millones de pesos (mdp), y para 2023 el incremento presupuestal autorizado por la mayoría Morena-PVEM-PT en la Cámara de Diputados es de 37%, al pasar de mil 75 mdp a mil 476 mdp.
Como muchos de los programas estrella de este gobierno, los recursos públicos destinados a dichos planteles educativos, se etiquetan en el Presupuesto de Egresos del país bajo el rubro de Subsidios, lo que significa que carecen de reglas de operación y deja sin responsabilidad a la autoridad que cumple al entregar un cheque, y no al comprobar su correcto ejercicio.
El “Plan C” de Morena y su gobierno funciona a la perfección y se concreta cada año en una discusión de oídos sordos sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación, donde este 2023, las Universidades del Bienestar Benito Juárez tendrán un aumento del 36.8% en términos reales, mientras que todas las demás Instituciones de Educación Superior de Calidad, solamente tuvieron aumentos del 1 al 3%, es decir, incrementos inerciales, por debajo de la inflación y, en consecuencia, retrocesos.
Mientras discutimos sobre la inadmisible reforma electoral que en Plan A es constitucional y en Plan B a leyes secundarias, los morenistas ya aplicaron el C, recortando recursos al Instituto Nacional Electoral. Tienen la mayoría simple que se requiere para desmantelar todo aquello que estorbe al autoritarismo.
