La , sobreviviente a un intento de feminicidio mediante un ataque perpetrado con ácido, expresó que este miércoles 4 de octubre acudirá al Senado, el día de hoy denunció que la jueza María Teresa Quevedo Sánchez, tiene conflicto de interés al conocer a las defensas de Vera Antonio Carrizal, quien está acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido que tuvo María Elena Ríos hace cuatro años.

Ríos confirmó a EL UNIVERSAL que acudirá a la Cámara Alta a denunciar las diversas inconsistencias en su caso. En la red social X, antes Twitter publicó “gracias a las y los legisladores por su empatía y preocupación, ante la terrible situación que me obliga a padecer la corrupción del Poder Judicial de Oaxaca”, enfatizó.

El día de hoy, mediante un video que difundió Elena Ríos en sus redes sociales, se observa a la jueza María Teresa y los abogados de Vera Carrizal en una fiesta, por lo que acusó la joven de tener conflicto de interés el caso.

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Elena Ríos señaló que ha denunciado a la jueza María Teresa Quevedo “por su imparcialidad para beneficiar y poner en ventaja a Vera Carrizal”.

La última ocasión que Ríos Ortiz visitó el Senado, fue el pasado 24 de mayo para presentar la iniciativa de ley sobre violencia ácida.

La propuesta de la oaxaqueña es una Ley General que tipifique como tentativa de feminicidio los ataques con ácido en una de las violencias más extremas hacia la mujer, lo que requiere una sanción a nivel federal. Tomar en cuenta el concepto de violencia ácida dentro del Código Penal.

Los puntos clave que presentó en la iniciativa de ley son:

- El concepto “violencia ácida” dentro del Código Penal

- Proteger a las mujeres y mujeres trans.

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- Contemplar todo tipo de ataque con agentes químicos, no únicamente ácidos, tales como diésel, cables de alta tensión, líquidos a altas temperaturas, alcohol o cualquier sustancia que pueda provocar lesiones externas, internas de manera permanente y provocan discapacidad

- Que las instancias tales como el DIF, la Comisión de Víctimas y la Secretaría de la Mujer trabajen de manera integral a favor de la víctima.

- Perspectiva de género por parte de los tribunales.

- Sanción con hasta treinta años de cárcel a los perpetradores.

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