TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIS.- Después del asesinato de 11 personas, entre ellas dos catequistas, el lunes en el ejido Nuevo Morelia de Chimuselo, en la Sierra, existe hoy “alerta y preocupación porque la violencia se extiende a otras comunidades vecinas”, advirtió el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

La señaló en un comunicado que el deber del Estado mexicano y sus gobiernos no debe reducirse a abrir una carpeta de investigación, sino que debe garantizar la debida diligencia del caso y asistir a las víctimas en todos sus derechos.

A raíz de esos hechos criminales, afirmó, que el gobierno federal y estatal tiene la obligación urgente de proteger a la población civil en medio de la agudización de la violencia en la Frontera y la Sierra. Esa violencia, enfatizó, deja graves daños y riesgos a la vida, seguridad e integridad física, mental y emocional de las comunidades.

El Frayba asentó que con otras organizaciones de la sociedad civil ha denunciado la violencia en e insistido en los impactos contra la población que se encuentra "como rehén de las disputas por el control del territorio por parte de la delincuencia organizada en la Frontera y la Sierra”.

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Precisó que recibió “información sobre los hechos del 13 de mayo en Nueva Morelia", en donde un enfrentamiento entre grupos antagónicos de las estructuras criminales dejó el lamentable saldo de, al menos, 11 personas de la población civil asesinadas -5 mujeres y 6 hombres-, de las cuales dos eran catequistas de la iglesia católica. Los testimonios, detalló que indican que los recientes enfrentamientos comenzaron el viernes 10 de mayo en los poblados Lázaro Cárdenas y Nueva Morelia, de Chicomuselo.

Esta violencia, consideró la ONG, habría originado también el corte de la energía eléctrica y la incomunicación, así como el desplazamiento forzado de familias. "Alertamos que esta violencia se extiende a otras comunidades vecinas”, recalcó.

El pasado 4 de enero, enmarcó, grupos antagónicos de la delincuencia organizada se enfrentaron en Nueva Morelia. El choque armado dejó "el desplazamiento forzado de más de 700 personas”. Sucede, explicó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que Nueva Morelia "está en una región estratégica para el control y extracción de los recursos minerales".

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En aquel territorio se localiza la Mina Ampliación La Revancha, operada ,"de acuerdo con testimonios por grupos criminales”, expuso. Hace casi tres años los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación disputan territorios de la Sierra y la Frontera. Las acciones armadas se traducen en enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, extorsiones , desplazamientos forzados y otros hechos violentos.

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