En operación fast track, Raúl Cervantes fue ratificado por sus compañeros del Senado como procurador General de la República. Hecho está.

Ahora, no debe ser nombrado, como ya expresó que es su deseo, fiscal transexenal.

Para empezar, porque no cumple con uno de los requisitos básicos: autonomía.

Es un hombre cercano al presidente Peña Nieto. Primo de Alfredo Castillo y del poderoso Humberto Castillejos, consejero jurídico del Ejecutivo federal (el que ha vivido en la otra casa de Las Lomas, propiedad del contratista de Grupo Higa).

Además, Cervantes no sólo es afín, sino militante del PRI. Como abogado ha defendido a su partido. En el Monexgate, por ejemplo.

Es entendible que el gobierno peñista busque impulsar a su amigo y subalterno al puesto más importante en el combate a la corrupción para los próximos nueve años, pero ¿y los senadores de oposición? ¿Por qué no tomaron el tiempo suficiente para analizar el perfil? ¿Por qué, incluso, no estaban enterados otros legisladores?

En el Senado andan metidos en acuerdos políticos. Se están repartiendo institutos “autónomos”. Ya ven que, como no les alcanzó para las cuotas en el Tribunal Electoral, ahora quieren violar la Constitución que prometieron hacer cumplir. Están intentando que algunos magistrados duren en el cargo más tiempo. Incluso, Fernando Belaunzarán, con documentos en mano, denunció que alteraron el dictamen de la Comisión de Justicia para cubrir a Cervantes.

Escandaloso.

Así, sin contrapesos, tenemos un tercer procurador en esta administración. Sus negativos compiten con sus cartas credenciales.

Me dicen que es un hombre amable, preparado, conciliador, respetuoso de acuerdos con ONG’s. Pero, candil de la calle…

Su ex esposa, Angélica Fuentes, hizo público el “abuso excesivo de violencia” del que fue víctima. No sólo lo dio a conocer en la entrevista que le concedió a Sabina Berman y que retomó en su excelente columna del 15 de mayo del año pasado Katia D´Artigues, sino que lo declaró, de acuerdo con el testimonio, ante el Ministerio Público.

Es grave.

Como lo es también que se pretenda minimizar o culpar a la víctima. O considerar que se trata de un asunto “privado”. No lo es.

La Organización de Naciones Unidas declaró la violencia contra las mujeres una violación de los derechos humanos de proporciones pandémicas.

Si es un episodio que el procurador atendió, enfrentó y superó (legal y/o personalmente), ojalá lo dé a conocer. Con gusto lo informamos y comentamos. Si no, debe retirarse de tan alta responsabilidad.

No es concebible que alguien que propinó tales agresiones a su cónyuge esté en el puesto más importante para procurar justicia, luchar contra la inseguridad y velar por derechos y libertades.

Facebook: Elisa Alanís Zurutuza

Twitter: @elisaalanis

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