Sí, ya sé. Todos (o casi todos) están de vacaciones y nadie (o casi nadie) leerá esta columna. Pero aún así, hay noticias que dar. No muy gratas, me temo. En noviembre, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 2018 personas fueron asesinadas, un número 25% mayor al del mismo mes del año pasado.

El gobierno federal ha tratado de presentar esta cifra como un logro, al tratarse de una disminución de 3.6% con respecto al total de octubre. Triste consuelo: si se ajustan las cifras para reflejar el hecho de que hay más días en octubre que en noviembre, la caída es de apenas 0.4%. Y eso sin contar que los homicidios tienden a disminuir en noviembre (así ha sucedido en siete de los últimos ocho años).

El dato fundamental es que se han acumulado ya cinco meses consecutivos con más de 2000 víctimas de homicidio por mes. Con ello, el total anual llegó a 20 mil 800 hasta noviembre y, probablemente, cierre apenas debajo de 23 mil cuando se sume la cuenta de diciembre. Eso significa un incrementa de 22% con respecto a 2015.

Para poner la cosa en perspectiva, 23 mil víctimas en la cuenta del SESNSP equivalen a (más o menos) 25 mil 700 en la serie del INEGI. Ese número es apenas inferior al total de 2012 (25 mil 967). Peor aún, si el número mensual de homicidios simplemente se mantiene a lo largo de 2017 donde ha estado en los últimos cinco meses, el total anual del año próximo será casi igual al de 2011 (27 mil 213), el año más violento de la administración Calderón.

El ascenso de la violencia homicida no es un fenómeno aislado, como lo han querido presentar los voceros del gobierno. En 23 de 32 entidades federativas, se acumularon más víctimas de homicidio en los primeros once meses de 2016 que en el mismo periodo de 2015.

En algunos casos, el incremento fue enorme. En Colima, por ejemplo, las víctimas de homicidio más que se triplicaron en 2016. En Veracruz, el aumento fue de 154%. En Zacatecas, 88%. En Michoacán, 60%.

Asimismo, múltiples estados que habitualmente no han estado en el mapa de la violencia han registrado números pavorosos. Por ejemplo, Oaxaca va a acumular más de mil homicidios por primera vez desde 1996. Guanajuato ha tenido un número de víctimas apenas inferior al de Sinaloa. En total, once entidades van a registrar más de mil víctimas de homicidio en 2016. En 2015, sólo tres rebasaron esa cota.

Peor aún, algunos estados que habían registrado mejorías sustanciales en años previos tuvieron una violenta regresión en 2016. Baja California ha experimentado su año más violento desde 2010. En Sinaloa, se rompió una racha de cinco años consecutivos de disminución en el número de homicidios. Lo mismo vale para Durango y, tal vez, para Chihuahua.

Ante esta oleada de violencia, la respuesta del gobierno federal ha sido el pasmo. No fue sino hasta agosto que finalmente el Presidente Peña Nieto reconoció que, en efecto, los homicidios iban en trayectoria ascendente. Pero ese reconocimiento no detonó una reacción vigorosa. Se anunció un tímido plan de intervenciones focalizadas en los 50 municipios con mayor número de homicidios. Cuatro meses después, los detalles de esa iniciativa se mantienen envueltos en la bruma y los resultados son menos que aparentes, por decirlo suavemente.

En consecuencia, es probable que veamos en 2017 una repetición de 2016: un incremento sostenido de la violencia homicida en buena parte del país y nadie que se haga cargo del problema.

Prepárense entonces para un año que pinta de feo a espantoso.

alejandrohope@outlook.com.

@ahope71

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