La Constitución de la Ciudad de México, una historia de conquista de derechos

En las últimas semanas han aparecido diversas críticas al Proyecto de Constitución Política de la CDMX (PCPCDMX) que elaboró el jefe de Gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, con apoyo de un grupo de personas con amplio prestigio académico, social y político. Los calificativos se mueven entre extremos que van desde “atraco privatizador” hasta “maoísta”. Sin duda, quienes lean estas críticas se preguntarán si se refieren al mismo documento.

Este alud de ataques era “previsible por el caudal de intereses afectados y políticos que están en juego”, como ha dicho Mauricio Merino en EL UNIVERSAL.

En los siguientes meses, tenemos una oportunidad de transitar de la confusión y la polarización hacia un debate de posiciones y no de adjetivos. Los derechos ciudadanos que se plasman en ese documento no llegaron del espacio exterior, sino que han sido construidos, principalmente, con la incidencia de la opinión ciudadana y la sociedad civil organizada, tanto a nivel internacional como nacional, ya no digamos en la Ciudad de México.

En primer lugar, los derechos ahí plasmados tienen como fundamento los tratados internacionales y documentos de los órganos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, que han sido una fuente primaria para la definición de los derechos humanos, en especial a partir de la reforma legislativa de 2011. Son justamente esos derechos de la Constitución federal los que hoy se encuentran, la mayoría, pendientes de implementación en todos los niveles. De ahí que la consolidación del marco de derechos sea una ruta no sólo deseable, sino imperiosa para la CDMX.

En este sentido, es importante recordar que el PCPCDMX recoge un largo proceso de diálogo y construcción de acuerdos con amplios sectores de la sociedad civil, la academia y los tres órganos de gobierno que inició desde 2007 la elaboración del primer Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos que hicimos en la CDMX y continuó hasta este año, en que se desarrolló la actualización de ambos documentos.

Desde luego, ello ha requerido de mucha voluntad política y participación ciudadana. Se ha abierto la puerta a las organizaciones de la sociedad civil para que aporten desde su trabajo en la vida cotidiana de las personas, familias y comunidades; a las instituciones académicas para contribuir con un pensamiento especializado, y a los organismos de derechos humanos para que revisen el actuar de las instituciones y hagamos una identificación conjunta e integral de problemáticas y soluciones.

De esta forma, el programa de derechos humanos es el soporte para la futura materialización de los preceptos que recoge el PCPCDMX. Es decir, que la Constitución no arribará a una isla desierta, sino a un territorio en que se ha construido la centralidad de los derechos.

El amplio catálogo de derechos del proyecto de Constitución es una expresión del principio de progresividad. Habrán de discutirse fórmulas para incorporar gradualmente a grupos o sectores de la población a los derechos sociales: experiencias recientes como la transversalización del presupuesto para la igualdad de género son antecedentes valiosos para lograr que los derechos —y no la inercia— sean el punto de partida del gasto público.

La CDMX es la primera entidad que ha materializado los derechos en un programa, producto de diálogo constante deliberativo y plural con la ciudadanía que hoy se ve reflejado en un proyecto de Constitución.