Primer siglo de EL UNIVERSAL.

En el comprensible afán de buscar tanta equidad como sea posible, hemos caído en un auténtico embrollo normativo-electoral. La legislación es confusa, contradictoria y de difícil ejecución. Si a eso le agregamos las ocurrencias y licencias que se otorgan los encargados de aplicarla, tanto peor. Por ejemplo, los partidos decidieron poner castigos ejemplares a ciertas faltas que consideran inaceptables y que, según ellos, han sido determinantes en el resultado de elecciones recientes. Por eso incluyeron la cláusula según la cual si un partido viola grave y sistemáticamente la ley, perderá el registro. El PVEM tuvo la audacia de desafiar esa norma, arriesgando su propio registro. No podía estar seguro de que no le aplicaran la sanción prevista. Incluso le señalaron como graves sus primeras faltas.

Probablemente el Verde valoró correctamente el talante timorato de consejeros y magistrados electorales, y continuó como si nada. De graves, tales violaciones pasaron a ser también sistemáticas. Pero los ejecutores de la ley incluyeron un criterio propio, movidos por su consabido “humanitarismo partidario”; consideraron que tales faltas, así fueran graves y sistemáticas, no ameritaban la sanción que el legislador previó para de verdad inhibir las trampas en los partidos. Con lo cual los ejecutores modificaron en los hechos esa norma, enviando el mensaje de que violar la ley grave y sistemáticamente es rentable en un balance general. Si los legisladores quieren poner un freno eficaz a las trampas de los partidos, tendrán que volver a reescribir esa norma de tal forma que no haya posibilidad de que sus ejecutores puedan irse por la tangente. Mientras tanto, veremos a partidos y candidatos siguiendo la ruta que trazó el Verde en 2015.

Pero justo por lo confuso de la ley, el TEPJF manda señales encontradas. Por actos bastante menos graves que los cometidos por el PVEM, anuló un triunfo a Morena en la alcaldía de Zacatecas. Lo que sugiere que si AMLO, o Ricardo Anaya y probablemente otros aspirantes, ganaran la Presidencia en 2018 con margen estrecho, se tendría que anular la elección (eso, si el Tribunal fuera consistente, que no lo es). Tiene razón Jorge Castañeda (un posible infractor) cuando dice que si algún aspirante está incurriendo en actos anticipados de campaña, tendrían que comunicárselo para que se detenga, en lugar de que se le aplique la sanción de forma retroactiva. Pero eso mismo se complica porque quienes pudieran incurrir en ello no son aún candidatos (o no todos), y quizá no hayan decidido serlo (o no puedan serlo, aunque quieran).

¿Podrían decirle a Anaya, “Oiga, nada impide legalmente que usted, como presidente de su partido aparezca en los spots correspondientes, pero si resulta candidato presidencial (AMLO ya lo es) habrá incurrido en actos anticipados de campaña, por lo que su candidatura no será registrada”? O que más tarde le adviertan: “Mire, como al resultar candidato de su partido en automático incurrió ya en actos anticipados (por los spots) le advertimos que deberá ganar con holgura, pues si lo hace por un pequeño margen se le anulará su triunfo”. ¿Podrían exigirle a Castañeda que no promueva su libro, cuando él aún no decide si buscará su registro? “Mire, tiene libertad para promover su libro, pero eso lo inhabilita para ser candidato, pues en tal caso habrá incurrido en actos anticipados de campaña”. O bien: “Debe decidir ya; o deja de promover su libro o renuncia públicamente a sus aspiraciones presidenciales”. Es absurdo. Habría que buscar la equidad de otra forma.

PRONTUARIO: Luis González de Alba fue exponente de la autocrítica de izquierda mexicana que tanta falta hace, pues es autodefensiva a ultranza, y por eso no evoluciona. González de Alba fue insistente en recordarnos el heroísmo y sacrificio de Gonzalo Rivas frente al vandalismo impune de los normalistas de Ayotzinapa. Me sumo a quienes piden la medalla Belisario Domínguez para Rivas. ¿O acaso esa presea ya esta reservada para algún otro magnate distinguido?

Profesor del CIDE.

@JAcrespo1

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