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El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a las autoridades de los estados y municipios a evitar la violencia política contra los candidatos a puestos de elección que participan en el proceso electoral.

El presidente de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, José María Tapia Franco (PRI), afirmó ante el pleno que la violencia ejercida en contra de diversos candidatos a cargos de elección popular y de actores dentro del proceso electoral en curso forman parte de la preocupación de las fuerzas políticas del país.

Exhortó a los gobiernos de las 32 entidades federativas y sus municipios a evitar prácticas ilegales y que se conduzcan con pleno respeto y apego a las disposiciones electorales, con la finalidad de garantizar la equidad en el proceso electoral y la libertad de voto.

En ese sentido, diputados y senadores de la Comisión Permanente también aprobaron exhortar al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) a fin de que intensifiquen las campañas de información dirigidas a la ciudadanía sobre prácticas de coacción al voto que puedan vulnerar los principios de equidad e impacialidad durante los procesos electorales.

Los legisladores aprobaron llamar a la FEPADE y al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que aceleren las investigaciones por la presunta utilización de programas sociales con fines electorales por parte de las delegaciones de Coyoacán e Iztacalco.

Se exhortó a que las 16 delegaciones de la Ciudad de México se conduzcan “con pleno respeto y apego a las disposiciones electorales, a fin de garantizar la equidad en el proceso y en la libertad del voto de los ciudadanos”.

Al respecto, la senadora priísta Diva Gastélum Bajo dijo que en Iztacalco y Coyoacán tiene lugar un “exagerado” uso de los recursos públicos con el fin de hacerse con clientela entre quienes no tienen una beca o tienen un taxi o un espectacular y se les somete a un control.

Dijo que el PRI pide que en la Ciudad de México la FEPADE y el Instituto Electoral de la Ciudad de México revisen el uso de los programas sociales con fines electorales, lo cual es urgente, ya que “se juega con la necesidad de la gente y con el manejo de los recursos”.

Todo esto, dijo, configura un clima de violencia, de amenazas a los electores, lo cual termina con un clima de certeza y seguridad en el que se registre un voto libre en las próximas elecciones.

El diputado de Morena Juan Romero Tenorio, a su vez, dijo que se han desoído los llamados del Instituto Electoral de la Ciudad de México a un pacto de civilidad que fue aprobado y que obliga a la jefatura de Gobierno y a los titulares de las delegaciones a hacer públicos los programas sociales.

“Se obligaron a dar a conocer el padrón de beneficiarios, el cronograma de ejecución de los programas sociales y a presentar cada mes el uso de los espacios públicos a fin de evitar distorsiones en el acceso a eventos públicos de los candidatos, partidos y coaliciones”, señaló.

Pero las autoridades de la Ciudad de México han incumplido sus compromisos con la neutralidad electoral, dijo el legislador de Morena, por lo que pidió que el Instituto Electoral de la Ciudad de México presente un informe sobre el cumplimiento de las reglas que se acordaron.

Hoy, dijo, las autoridades de la Ciudad de México son omisas, se han negado a transparentar el ejercicio de los recursos públicos, y “más aun, existen desvíos para despensas, dulces, regalos que se entregan sin un programa social, por encima de cualquier competencia administrativa del gobierno central y de delegaciones”.

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