Ante los sucesos ocurridos el pasado domingo 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, no cabe duda que debemos continuar la lucha para lograr que se apliquen los protocolos de reacción de la policía. Seguimos viendo una policía reactiva que sale a defenderse con violencia y armas de fuego. Las nueve personas que murieron (siete el día domingo, y dos más días posteriores) pudieron haberse evitado.

El problema parece ser principalmente político. Ante un Secretario de Educación que busca la presidencia de la República para el 2018, una reforma educativa que el Presidente Enrique Peña no está dispuesto a negociar, una Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación corrupta y que ha estado protegida por años, leyes en calidad de letra muerta que no toman en cuenta los contextos locales, los niñas, niños y jóvenes siguen sin tener una educación de calidad.

Lo que sucede en Oaxaca es evidencia de lo que era y es urgente tratar desde hace muchos años: censar al magisterio.

Alberto Serdán menciona que “mientras que la SEP contabilizaba a 48 mil 622 maestros de educación básica en Oaxaca, en la nómina se le pagaba a 98 mil 432 personas diferentes, cifra menor a los 81 mil 300 maestros que la CNTE consideraba según su “plantilleo”. Si en realidad todas esas personas dieran clases, las aulas en Oaxaca tendrían de entre 9 y 11 alumnos por maestro.” Sin embargo, esto no sucede así. Existen comisionados y aviadores, herencia de plazas y personal sin capacitar en las escuelas además de la enorme corrupción que existe alrededor y que se deben tratar de manera especial al implementar la reforma educativa.

No hay que olvidar que el derecho a la educación, consagrado en nuestra Constitución Política, permite que la población cuente con derechos humanos fundamentales y con una mejor calidad de vida. Entender el contexto y dejar de lado los intereses políticos al momento de buscar acuerdos pacíficos para la solución de conflictos, es una tarea que le corresponde al gobierno. El hartazgo, la constante violación a derechos humanos, además de la desinformación por parte del gobierno, sólo polariza y crea “bandos” que no hacen otra cosa que perjudicar a nuestro país y a la población.

Dejemos de echarle la culpa al magisterio, criminalizar y criticar no ayudan en nada. Defendamos lo más importante: el derecho humano a una educación de calidad de nuestras niñas, niños y jóvenes.

La responsabilidad social por la educación pública no es sólo cuestión de filosofía o teoría política; ahora forma parte de la interpretación jurídica en México. En marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN; Tesis Aislada CLXX/2015) afirmó que la efectividad del derecho a la educación “requiere de la intervención tanto del Estado, como de los particulares, así como de asociaciones civiles, en la promoción, protección, respeto y garantía” (énfasis nuestro).

Investigar y sancionar a los responsables de los asesinatos de Nochixtlán; aplicar protocolos de actuación y buscar el diálogo y la resolución pacífica de conflictos es apenas el primer paso. La responsabilidad por una educación digna es responsabilidad de todas y todos.

Marcela Villalobos

Observatorio Nacional Ciudadano

@MarceVillalobs @ObsNalCiudadano

Serdán, Alberto. “Aurelio envenenó la reforma educativa” en Animal Político, 2016 consultado el 28 de Junio de 2016.

Calderón, David y otros autores. Índice de cumplimiento de la Responsabilidad Educativa. Mexicanos Primero, visión 2030 A.C. Primera edición: junio 2016.

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