Buscan auditar UAM por malos manejos

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La administración saliente de Salvador Vega y León de la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) podría enfrentar una investigación interna por una inconsistencia de 123 millones de pesos que se encontró entre la auditoría externa y la interna de la institución, ello, después de que el Colegio Académico no aprobó los estados financieros 2016-2017 de la institución derivado de esta misma inconsistencia.

Miembros del colegiado que participaron en la sesión del pasado viernes dijeron a EL UNIVERSAL que no se logró llegar a un acuerdo, lo que derivó en la suspensión de la sesión maratónica, cuando esta llegaba a las 14 horas.

El problema fue que los estados financieros no coincidían entre lo presentado por el auditor externo y la Contraloría de la Universidad Autónoma Metropolitana; la diferencia era de 123 millones de pesos, de los cuales 120 correspondían a obras. Además, en el documento que presentó el patronato se señalaba que el contralor tenía algunas limitaciones con respecto a la presentación de los estados financieros, y que esta situación había sido alertada al rector general, Salvador Vega y León, en dos oficios que se le habían enviado.

El desacuerdo se dio por parte del rector general Vega y León, y el secretario general Norberto Manjarrez, quienes demandaban que se pasaran los estados financieros como habían sido presentados.

“Pedimos que nos enseñaran los oficios y no quisieron. Tuvimos una discusión de muchas horas; el colegio propuso que se conformara una comisión que revisara las salvedades que detectó el contralor y las inconsistencias por los 123 millones de pesos. El rector [Salvador Vega] y el secretario general [Manjarrez] de la universidad duraron muchas horas argumentando que no se formara la comisión y que se aprobaran ya los estados financieros”, contó uno de los miembros colegiados.

Otro grupo, al que se sumaron los rectores de Xochimilco, Patricia Alfaro Moctezuma, y Cuajimalpa, Rodolfo Suárez, demandaba la creación de una comisión interna con integrantes del propio Colegio Académico que revisara, investigara y aclarara las inconsistencias antes de aprobar los estados financieros. Entre los integrantes de la comisión también se propuso a Federico Alberto Ross Rosillo, quien fue el antiguo contralor de la institución.

“No sabemos en dónde están esas inconsistencias aún. Hasta que la comisión no termine de revisar, no se pasarán los estados financieros. Hay una diferencia entre lo que está reportando la administración de la universidad y el auditor externo”, señaló otra persona.

La Rectoría General de Salvador Vega y León está a días de llegar a su fin, puesto que el 4 de julio deberá tomar posesión en el cargo Eduardo Abel Peñalosa Castro, ex rector de la Unidad Cuajimalpa que el jueves pasado fue designado rector general de la UAM por la Junta Directiva.

La administración de Vega y León ha enfrentado señalamientos de opacidad, incluso al interior de la propia UAM, pero también de parte de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que la acusa de no haber empleado fondos que se habían destinado para obra.

La discusión en el Colegio Académico fue álgida, concordaron las voces consultadas, y no se logró avanzar del punto siete del orden del día, que tenía 17. Llegó un momento en el cual, el secretario general Manjarrez, quien fue candidato a rector general, visiblemente alterado dio manotazos en la mesa y señaló que él no quería “que después me acusen de desfalcador” de la institución.

La postura de ellos era que se aprobaran los estados financieros y la comisión investigadora que los revisara después; el argumento es que si no se aprobaban los estados financieros, el gobierno federal no iba a dar presupuesto a la universidad para 2018.

En una discusión que duró varias horas, los integrantes del colegio cuestionaban por qué sí se aceptaba la creación de una comisión para otros asuntos, por ejemplo, para redactar el posicionamiento de la institución con respecto a los asesinatos de periodistas, pero se discutía tanto la creación de una comisión que revisara las inconsistencias en los estados financieros.

Al final, la votación quedó cerrada: 21 a favor de que la comisión revisara antes de aprobar; y 17 en contra. “Con todo esto que ha salido en medios y con la insistencia de aprobarlos en fast-track, muchos de los miembros del colegio nos alertamos en el sentido de que teníamos que transparentar todo”, comentaron quienes prefirieron guardar anonimato por temor a represalias.

Las inconsistencias generaron descontento entre los diferentes sectores de la comunidad universitaria, puesto que todos reclamaban que el argumento de la Rectoría General era que no había dinero para otras cuestiones: por ejemplo, incrementos salariales para los trabajadores sindicalizados, o contratación de más profesores o aumentar la cobertura, pero para ellos, esta situación demostraba que sí había el dinero pero no se sabía dónde estaba.

“Nos explicaron que cada año se iba quedando un remanente de dinero en las diferentes gestiones, que eso se metía en otra partida presupuestal y que se iba juntando, pero lo que nosotros decíamos es que ese dinero no se ve reflejado en los gastos de obra. Los trabajadores estaban muy molestos porque la institución no aprueba mayores incrementos salariales, porque dice que no tiene dinero, esto a nosotros nos dice que el dinero sí está, pero no sabemos dónde”, señalaron.