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México es el país de América Latina más mortífero para los periodistas con 99 casos de asesinatos del año 2000 al 2016; y el estado de Veracruz es el lugar más peligroso para los reporteros del continente, advirtió Reporteros Sin Fronteras.
La organización demandó al gobierno de Veracruz emprender medidas urgentes para poner fin a la impunidad de los crímenes cometidos contra los tres periodistas desaparecidos y los 17 asesinados durante la administración del ex gobernador Javier Duarte, prófugo de la justicia.
Al presentar el informe Veracruz: los periodistas frente al estado de miedo, Emmanuel Colombié, director regional en América Latina de Reporteros sin Fronteras, explicó que el nivel de violencia, corrupción e impunidad que prevalece en Veracruz, y en el país, es una preocupación muy grande para la organización.
“Vamos a seguir la situación en Veracruz, pero también en todo el país. El nivel de corrupción, de violencia y de impunidad es muy alto, es uno de los más altos del continente. El número de asesinatos ha aumentado de manera significativa en 2016 en Veracruz y en México en general”, dijo.
El documento destaca que el gremio no sólo enfrenta las agresiones orquestadas por las organizaciones criminales sino también las de las autoridades locales. Como ejemplo menciona que en el mandato de Javier Duarte fueron asesinados 17 periodistas y hubo tres desaparecidos.
Advierte que hay un problema de impunidad debido a que de los 17 casos registrados en esa entidad ninguno ha sido esclarecido.
Los datos que se presentan en el informe mencionan que a nivel país entre 2001 y 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió mil 037 quejas por actos de violencia contra medios de comunicación y periodistas.
Recomendaciones. Reporteros Sin Fronteras hizo una serie de recomendaciones al gobierno federal, de Veracruz, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Mecanismo Nacional de Protección, la CNDH y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR.
A las autoridades e instancias nacionales les plantea que se respete el Estado de derecho en todo el país y que se intensifique la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, garantizar el respeto a las libertades fundamentales como la libertad de prensa y el acceso a la información.
También, mejorar los mecanismos de protección de periodistas, intensificar la lucha contra la impunidad, agresiones a periodistas, incluidas las cometidas por cárteles, representantes del Estado y de los gobiernos; otorgar sistemáticamente medidas de protección a periodistas amenazados y sus familias, además de incrementar los recursos financieros y humanos a la FEADLE, CEAV y al mecanismo de protección.
A la fiscalía especial de la PGR que dé a conocer de manera pública el seguimiento de cada uno de los casos, con información detallada sobre el tipo de agresiones a periodistas y que informe el número real de investigaciones y de detenidos y juzgados.
Que cuente con personal calificado y sicólogos que estén en contacto directo con las víctimas, contar con oficinas en las entidades más peligrosas para el gremio y que trabajen de manera estrecha con los ministerios públicos y que cuando se sospeche que las autoridades locales son responsables de agresiones a periodistas que se haga cargo de la investigación hasta garantizar la consignación.
Que se indemnice correctamente a las víctimas y que en los casos de desaparición forzada se dé prioridad a las investigaciones, se asegure que se realicen como es debido y que se informe a los familiares.
