México tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, dijo el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, por la opresión a la que han sido expuestos los pueblos y comunidades..
En el Senado, el representante Jarab indicó que los derechos de los pueblos originarios están en riesgo en el actual modelo de desarrollo basado en otorgar concesiones para grandes proyectos extractivos, en territorios indígenas.
Afirmó que en México “hay miles de proyectos de concesiones otorgadas en territorios indígenas, muchas veces sin consulta o consentimiento de ellos, lo que lleva a una conflictividad social entre las comunidades y también conflictos internos en estas comunidades”.
Expuso que en el caso de la reforma energética que tiene un impacto amplio en las comunidades indígenas, hubiera sido correcto haberla sometido a una consulta libre, previa e informada con los pueblos indígenas.
Jan Jarab participó en el conversatorio “El derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas”, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña Gómez, quien dijo que se impulsa el debate senatorial sobre el derecho a la consulta, y al consentimiento libre y previo de los pueblos indígenas, y elaborar una ley en la materia.
La senadora de la Peña Gómez dijo que al momento únicamente los estados de Durango y San Luis Potosí cuentan con leyes para la consulta a los pueblos y comunidades indígenas.
Por su parte, la directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Alejandra Ancheita, dijo que es necesario hacer valer la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que enuncia el derecho a la consulta, así como al consentimiento libre, previo e informado.
Ancheitia dijo que representan riesgos a los pueblos indígenas, las condiciones que genera la reforma energética, la generación de mega proyecto, así como el establecimiento de las Zonas Económicas Especiales.
El representante del ACNUDH dijo que los megaproyectos que se levantan en territorios indígenas, sin consultar a los pueblos, se vinculan con diversas violaciones a sus derechos humanos.
Dijo que de los miles de proyectos de concesiones que se llevan a cabo en territorios indígenas, suelen llevarse  a cabo sin consulta o consentimiento de los pueblos, lo cual “lleva una conflictividad social entre comunidades y dentro de éstas”.
Expresó que no se puede realizar una consulta sólo para ratificar que se decidió llevar a cabo una construcción, y al efecto se utiliza a representantes de comunidades a favor de la decisión y se desacredita a quienes se manifiestan en contra por defender sus tierras.
Angélica de la Peña Gómez dijo que el derecho a la consulta previa es de gran relevancia, “porque se relaciona con la protección de derechos colectivos, como el derecho al desarrollo sustentable, a la propiedad ancestral, biodiversidad cultural e identidad cultural, y otros más”.

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