SCJN rechaza atraer caso de maestra Gordillo

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Elba Esther Gordillo Morales, ex dirigente del magisterio, no podrá llevar el proceso penal en su contra desde su domicilio, luego de que los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazaron ejercer su facultad de atracción sobre el caso.

Tres de los cinco ministros se pronunciaron en contra del planteamiento del ministro José Ramón Cossío Díaz de definir si las personas mayores de 70 años tienen derecho a prisión domiciliaria durante el proceso penal.

“Norma Piña, ministra presidente de la Primera Sala de la SCJN, se pronunció en contra y dijo que “no se reúnen los requisitos que se establecen en función de la importancia y trascendencia del asunto”.

Los ministros Arturo Saldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votaron en contra y sólo los ministros promovente, José Ramón Cossío Díaz, y Jorge Mario Pardo se pronunciaron a favor.

La propuesta de Cossío Díaz señalaba que la relevancia del asunto radica en que procedía definir si la doctrina que ha desarrollado esta Primera Sala en el sentido de que los adultos o personas mayores constituyen un grupo vulnerable que merecen una especial protección por parte de los órganos del Estado, cuyo origen fue un asunto en materia civil-familiar, puede o debería aplicarse en procesos penales federales cuando un adulto mayor tenga la calidad de inculpado.

Ante esta negativa, el amparo promovido por la maestra regresará al Quinto Tribunal Colegiado Penal. La ex lideresa sindical solicitó por primera vez el beneficio de prisión domiciliaria en febrero de 2015 ante el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales.

Su petición ha sido rechazada en diversas ocasiones bajo el argumento de que al momento de su aprehensión no contaba con los 70 años de edad requeridos por el Código Penal Federal para conceder prisión domiciliaria.

La maestra Gordillo Morales enfrenta dos procesos penales, uno por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada por un monto de casi 2 mil millones y un juicio por defraudación fiscal equiparada por más de 2 millones de pesos.