Me parece que Andrés Manuel López Obrador capta perfectamente el sentir popular cuando llama a un severo recorte de los dispendios que en estos años han multiplicado. Quienes vivimos en la capital vemos con frecuencia a funcionarios de medio y alto nivel llegar a restaurantes de postín, en cómodas camionetas, con un injustificado despliegue de seguridad. Esta parafernalia (pensaba yo al inicio del sexenio de EPN) compensaba el síndrome de abstinencia que durante años los cuadros del PRI sintieron, pues para ellos poder significa secretarias, camionetas, chóferes y por supuesto guaruras que es un reflejo casi sexual de la necesidad que tienen de sentirse rodeados de manifestaciones fálicas (pistolas, ametralladoras) y harta testosterona. Es también importante reducir una burocracia paralela que en forma de coordinaciones y unidades duplicaban las estructuras existentes. Todo eso debe terminar, pues no es justo exprimir a las empresas y las familias para tener una burocracia mimada y arrogante.

En lo que no coincido en la idea de suprimir el Estado Mayor Presidencial (EMP) que me parece es más un elemento de campaña que otra cosa y pongo sobre la mesa tres razones: la primera es la razón de estado, la segunda la utilización eficiente de los escasos recursos y la tercera la desinstitucionalización. Considerémoslas por separado.

a) La razón de Estado. La más elemental de las concepciones de cualquier estado es su preservación. Como lo ha argumentado ya un notable jurista (Raúl Contreras), al ser el próximo presidente AMLO adquiere personalidad jurídica institucional y en consecuencia su seguridad ya no es solamente un asunto de su incumbencia. La opinión del ciudadano presidente electo sobre su propia seguridad no es necesariamente la opinión del Estado. Su persona (y la de su familia) deben ser resguardadas, aún cuando ellos opinen lo contrario, pues se trata de un valor estratégico para el Estado y no puede confiarse a una estructura improvisada su custodia. Cualquier cosa que le ocurriera a su persona o a su familia tiene, a partir de la elección, consecuencias para todo el país.

b) El uso eficiente de los recursos. México tiene graves problemas de seguridad que no hace falta glosar en este artículo. Candidatos asesinados a mansalva y un grave problema de profesionalización de las agencias de seguridad. Algunas como la policía federal tienen recursos limitados y una sobrecarga de misiones. Pero en la historia moderna todos los presidentes han terminado su mandato y su seguridad personal no ha sido vulnerada. ¿qué necesidad tenemos de poner a prueba una nueva estructura si el EMP ha demostrado lealtad al titular del ejecutivo? Yo me pregunto si realmente estamos sobrados de estructuras profesionales para manejar la integridad, la logística y la protección de las comunicaciones del Presidente como para deshacer lo que funciona y ponerse a experimentar, cuando hay tantas tareas que requieren de ese talento y ese tiempo. Pilotos de avión y helicóptero, choferes especializados, protocolos de contrainteligencia, manejo de la información para desplazamientos e interacción con agencias internacionales son algunas de las necesidades de una función compleja como la institución presidencial. Todo esto requiere de un sólido proceso de formación que no cuesta poco y no se puede improvisar. El presidente electo puede elegir a quien quiera como cabeza del EMP y compactar la estructura si así lo desea, incluida la venta del TP01, pero no debe (a mi juicio) prescindir de una estructura de apoyo eficaz que ya existe.

c) La desinstitucionalización. Reintegrar el EMP a las fuerzas armadas es un gesto (innecesario) de desconfianza que no ha sido bien fundado y motivado. Desconfiar es cosa humana, pero como próximo jefe de la administración pública el presidente López Obrador debe hacer un esfuerzo por preservar las instituciones, salvo que estén carcomidas por dentro (y eso se debería hacer público si fuese el caso). Crear una nueva estructura a su medida, con gente cercana a él, es su prerrogativa, pero es indeseable para la continuidad del Estado del que será jefe y encarnación. Los presidentes deben proteger la integridad de las instituciones. Cuando él termine su función en 2024, el cuerpo que eventualmente reemplazaría al EMP será a su vez reemplazado por su sucesor(a) quien tendrá todos los motivos para considerar que era un aparato personalizado.

@leonardocurzio

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