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Hermosillo.— Con una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Martha Patricia Velarde Ortega, habitante del municipio de Baviácora, pide que a la brevedad se le restaure el derecho a la salud, luego de que sin previo aviso se cerró el servicio de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS) de Ures, que se instaló por el Fideicomiso Río Sonora para atender a los afectados por Grupo México.
El 6 de agosto del 2014, la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria de esta empresa, registró un derrame en una de las piletas de lixiviados, donde se vertieron más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado y otros metales venenosos.Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del río Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, hasta llegar a la presa El Molinito, que abastece de agua a los habitantes de Hermosillo.
De acuerdo con el último reporte de Cofepris “UVEAS trabaja seis días a la semana para ofrecer asistencia y protección a la salud de las personas afectadas, habiendo entrevistado a 6 mil 943 personas; [realizado] 1 mil 160 consultas médicas; toma de muestra de sangre a 128 pacientes y se han identificado a 360 personas con daños en su salud asociados a la contaminación del río Sonora”.
Patricia Velarde pidió a la CNDH que se restaure su derecho a la salud, así como de los 360 casos reconocidos, los que están en vías de reconocer y los no reconocidos aún.
La mujer, que sufre de frecuentes sangrados en la nariz y otras complicaciones, era atendida en UVEAS por doctora Jésica López Cadena.
“Traté de contactarme a los teléfonos de la UVEAS y como respuesta obtuvo que el número no existía. Por lo anterior y, ante la ausencia de un aviso de parte de la unidad, como tampoco de las autoridades correspondientes, decidí presentar una queja ante la CNDH por actos violatorios del derecho a la salud”, aseveró.
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