Reina opacidad en Congreso; gastos de Adán Augusto y Noroña, bajo llave

Desde que las contralorías de las cámaras de Diputados y Senadores asumieron la función de garantizar la transparencia en el Poder Legislativo han analizado 275 recursos de revisión, pero ninguno ha terminado con una resolución favorable para el ciudadano que se inconformó. Sólo en un caso se ordenó a las instancias legislativas modificar su respuesta, en el resto se confirmaron las contestaciones iniciales, se sobreseyeron los asuntos o se desecharon sin llegar a un análisis de fondo de los requerimientos.

Los recursos de revisión en materia de transparencia son el mecanismo que tiene un ciudadano para impugnar la respuesta de una autoridad cuando considera que no recibió la información pública que solicitó. Antes, estas funciones las realizaba el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), pero tras su eliminación en junio de 2025, las contralorías de las cámaras del Congreso de la Unión asumieron el papel de autoridades garantes.

En respuesta a diversas solicitudes de información realizadas para este texto, el Senado informó que desde junio de 2025, cuando asumió las funciones de autoridad garante, y hasta julio de 2026, recibió 84 recursos de revisión de parte de ciudadanos. De ellos, desechó 24, admitió 43 y 17 se hallan en proceso de dictamen.

De los 56 recursos que ya ha resuelto, el Senado no ha revocado ninguna respuesta, es decir, en ningún caso ha invalidado por completo la respuesta del Legislativo ni le ha ordenado emitir una nueva contestación conforme a derecho, según la respuesta a una solicitud de transparencia.

En 13 casos confirmó la respuesta inicial, es decir, tras analizar la inconformidad que dio origen al recurso de revisión, concluyó que la contestación fue correcta y apegada a derecho. En otros 25 resolvió sobreseer los casos: no realizó un análisis de fondo al considerar que durante el desahogo del recurso el sujeto obligado complementó su respuesta inicial.

Entre los temas que el Senado ha decidido mantener bajo opacidad están los viajes en primera clase de Gerardo Fernández Noroña. En respuesta a diversas solicitudes, el Senado ha remitido a encontrar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), sin embargo, esta información no existía en la PNT.

Otros asuntos que han ocasionado inconformidades son los montos de las subvenciones otorgadas a los grupos parlamentarios, las contrataciones de asesores, los comprobantes de los gastos de Adán Augusto López con cargo al Senado y los costos del evento de Andrea Chávez titulado “Contrainforme. 4 años de desgobierno en Chihuahua”, entre otros.

Se solicitó conocer el monto del presupuesto asignado a cada grupo parlamentario para los años 2023, 2024 y 2025, argumentando que en la página del Senado ya no aparece dicha información, a pesar de que antes sí era transparentada. La Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado respondió que se podía localizar esa información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Sin embargo, tampoco se halló la documentación.

Una vez que la Contraloría del Senado admitió el recurso de revisión, la Unidad de Transparencia del Senado hizo llegar datos complementarios, señalando que “la información relativa al ejercicio de la partida presupuestal referida tiene el carácter de información reservada, toda vez que se encuentra vinculada a un procedimiento de fiscalización en curso”.

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La reserva de la información fue realizada previamente por la Contraloría Interna del Senado, la misma instancia encargada de resolver el recurso de revisión y que terminó sobreseyéndolo.

A pesar de que la Ley de Transparencia establece que se debe publicar obligatoriamente lo relativo a la información financiera sobre el presupuesto asignado al Legislativo, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, la información fue clasificada como reservada.

A diferencia de la Cámara de Diputados, que habilitó un apartado en su página de internet para hacer públicas las resoluciones en materia de transparencia, el Senado no ha difundido sus fallos.

Gastos bajo llave

En la Cámara de Diputados se recibieron 191 recursos de revisión en un año, de los cuales 110 fueron desechados, 78 admitidos y tres se hallan en análisis. De los 78 admitidos, 69 ya han sido resueltos. En 17 expedientes se confirmó la respuesta, en 51 se determinó el sobreseimiento y en uno se modificó una parte de la respuesta. En ningún caso se revocó la contestación de la autoridad.

En la Cámara de Diputados las inconformidades ciudadanas han surgido por diversos motivos. Uno de los recursos de revisión se originó porque la Contraloría se negó a informar si existen investigaciones internas por posible nepotismo contra legisladores del grupo parlamentario de Morena.

Otros recursos están relacionados con la falta de información sobre asuntos administrativos, como facturas o comprobantes de gastos operativos —papelería, servicios telefónicos o internet— de algunos diputados. También se han presentado recursos de revisión debido a la negativa de entregar contratos de arrendamiento de las casas de gestión o atención ciudadana a cargo de los legisladores.

En un recurso de revisión se lee que una persona solicitó documentos, como facturas o recibos, con los cuales el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, ha comprobado los recursos que se le otorgan para asistencia legislativa. En respuesta el grupo parlamentario de Morena respondió que después de una “búsqueda exhaustiva” no encontró información.

Inconforme con la respuesta, el solicitante interpuso un recurso de revisión. La autoridad garante lo admitió, y durante el desahogo el grupo parlamentario de Morena amplió su respuesta y afirmó que la información estaba reservada porque formaba parte de una auditoría en curso. La autoridad garante terminó sobreseyendo el recurso de revisión al considerar que se amplió la información proporcionada, pero sin pronunciarse sobre la clasificación de la reserva.

“Bajo tales consideraciones, esta Autoridad Garante puede concluir que el acto reclamado que nos ocupa ha quedado sin materia, toda vez que el sujeto obligado a través de su escrito de alegatos y alcance proporcionados a la persona, amplió y modificó su respuesta primigenia”, se lee en la resolución.

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Solo en un caso se ordenó modificar la respuesta, al considerar que era incompleta. Esto partió de una solicitud hecha por un ciudadano a la Auditoría Superior de la Federación, a quien requirió la cantidad de denuncias penales que presentó el órgano fiscalizador durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, detallando delito, ente gubernamental denunciado y monto económico de daño patrimonial.

Aunque en respuesta la ASF proporcionó la cantidad de denuncias y el ente involucrado, no brindó el delito denunciado y el monto del daño patrimonial, argumentando que estos datos no obran en su poder y no está obligada a generar documentos ad hoc.

Al resolver el recurso de revisión, el órgano garante consideró que la información proporcionada había sido incompleta y que la ASF sí contaba con el dato del daño patrimonial ya que éste se incluía en los dictámenes técnicos. Por ello ordenó modificar la respuesta parcialmente y proporcionar versiones públicas de dichos documentos a la persona solicitante.

Se buscaron las versiones de Diputados y el Senado, pero al cierre de edición no se obtuvieron.

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