Indagan ruta internacional de mercurio ilegal del CJNG
Una alianza entre OjoPúblico y El Universal revela una red criminal internacional que es investigada por contrabando de mercurio vinculado a la minería ilegal en la Amazonia
Por Aaron Wörz/OjoPúblico y Miriam Ramírez/El Universal
El 1 de junio de 2025, casi a las once de la noche, un contenedor llegó al Puerto del Callao en Perú. Cinco días antes había partido del puerto de Manzanillo, Colima. La documentación de embarque señala que transportaba 800 sacos de piedra chancada de 25 kilogramos cada uno, con destino final Bolivia. La carga, sin embargo, nunca salió del Perú.
Tras una alerta de inteligencia, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de Perú (Sunat) intervino el envío. Un análisis de laboratorio determinó que la piedra estaba impregnada de mercurio; insumo clave para la minería ilegal de oro cuya importación requiere permisos especiales. La cantidad del metal fue estimada en cuatro toneladas, valuadas en más de 500 mil dólares, unos 8.7millones de pesos, de acuerdo con la autoridad aduanera.
OjoPúblico reconstruyó la ruta del contrabando a partir de fuentes fiscales, registros comerciales y documentos obtenidos mediante la Ley de Transparencia. La investigación muestra cómo el crimen transnacional se provee de insumos para economías ilegales y, presuntamente, colabora con empresas locales, incluyendo un comerciante peruano de metales autorizado para el comercio de oro.
Según documentos de la fiscalía peruana a los que se accedió, el 26 de junio de 2025 el caso del contenedor asegurado fue atraído por una instancia fiscal nacional, al tratarse de un probable delito con alcance internacional, relacionado con el presunto tráfico de mercurio entre México, Perú y Bolivia.
La incautación también fue citada en un informe elaborado el año pasado por la ONG Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés). Entre abril de 2019y junio de 2025 la organización detectó 50 envíos ocultos de mercurio desde México, de los cuales 37 tenían como destino Perú, consolidando al país como el principal mercado de este comercio ilícito vinculado a la minería ilegal de oro.
Detrás de la extracción de este metal en México, de acuerdo al informe de EIA, se encuentra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que controla la explotación de mercurio en algunas minas del estado de Querétaro. El análisis de OjoPúblico, basado en documentación fiscal, permite reconstruir el esquema del contrabando de mercurio desde México hacia Perú.
El socio peruano
Actualmente las investigaciones del Ministerio Público de Perú se encuentran en fase policial. La Fiscalía indaga a la compañía mexicana Exportadora de Rocas y Derivados Zace S.A. de C.V., con sede en Querétaro, y su representante legal Eduardo García Patlán, así como Luz Zelmira Morena Valdivia, persona residente en La Paz, Bolivia, señalada en el documento de embarque como destinataria del contenedor.
De acuerdo con los documentos fiscales, las investigaciones también alcanzan al ciudadano peruano Christan Estunder Castillo Meléndez, gerente de la empresa C&K Pukaray E.I.R.L. con sede en Lima, aunque la compañía no aparece en el manifiesto de carga del contenedor incautado.
Fuentes fiscales señalaron a OjoPúblico que la investigación contra la empresa se inició a partir de un informe de la Sunat, en el que figura como presunta destinataria de envíos ilegales de mercurio procedentes de México. Según la Sunat, C&K Pukarayse dedica a la comercialización de materiales de construcción.
Entre 2019 y mayo de 2025, esta empresa importó al menos 26 envíos de piedras trituradas y decorativas, de acuerdo con datos aduaneros analizados por este medio. Todos procedían del puerto mexicano de Manzanillo y fueron consignados por Exportadora de Rocas y Derivados Zace, proveedor del contenedor incautado en junio.
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La fiscalía peruana atribuye a los representantes legales de C&K Pukaray y de Exportadora de Rocas y Derivados Zace, así como a la destinataria boliviana, la presunta comisión de delitos contra el medio ambiente en las modalidades de tráfico ilícito de insumos químicos y de maquinaria destinada a la minería ilegal.
La empresa importadora C&K Pukaray, no cuenta con licencia para la adquisición niel uso de mercurio. Tampoco aparece inscrita en el Registro de Control de Bienes Fiscalizados ni en la Relación de Usuarios de Mercurio de la Sunat en Perú. En cambio, Christian Estunder Castillo figura inscrito desde 2014 en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro en el Perú.
El ahora imputado no es el único miembro de su familia vinculado con el presunto tráfico de mercurio. En 2015, su hermano, Frank Harold Castillo Meléndez, fue detenido con 36 envases que contenían mercurio en un bus de Lima a Arequipa, según El Comercio.
La exportadora mexicana
El fundador de la empresa mexicana que envió el contenedor de México a Perú, Eduardo García Patlán, no es un desconocido para la justicia peruana. El 24 de junio de 2024, al ingresar al país, las autoridades aduaneras le detectaron 40 mil dólares en efectivo, casi 700 mil pesos, que no había declarado. Por este hecho, se le impuso una multa cercana a los 13 mil dólares, unos 250 mil pesos.
De acuerdo con documentos del registro comercial mexicano a los que accedieron OjoPúblico y EL UNIVERSAL, en enero de 2020 García Patlán y su socio fundador transfirieron la totalidad de sus acciones de Exportadora de Rocas y Derivados Zacea los hermanos Juan José y Joel Zamorano Dávila. Este último también fue sancionado por la Sunat en Perú con una multa similar, luego de intentar ingresar al país el mismo día que García Patlán, también con 40 mil dólares en efectivo sin declarar.
Los hermanos Zamorano Dávila son mencionados de forma destacada en el informe de la EIA. “Zamorano declaró a los investigadores de la EIA que lleva más de diez años involucrado en el contrabando de mercurio", destaca la investigación. Además, figuran como accionistas de otras dos compañías mineras con operaciones en Querétaro.
En una de ellas, Juan José Zamorano Dávila, preside el consejo de administración.
Los socios de esta empresa poseen cinco concesiones mineras vigentes en la zona. Entre ellas se encuentra el lote La Peña, ubicado en el municipio de Tolimán, que aparece en una investigación de la EIA como una posible mina de la que se extrae cinabrio, mineral que contiene mercurio.
Según Julia Urrunaga, directora de la EIA para Perú, no se pudo confirmar una conexión directa de los hermanos Zamorano Dávila con el CJNG. Sin embargo, señaló a este medio que la ONG documentó “observaciones en terreno, incluidas fortificaciones y control de acceso, y reportes de testimonios locales que apuntan a una presunta toma de control de minas en Querétaro por parte del cártel”.
Juan José Zamorano Dávila, quien posee el 95% de las acciones de Exportadora de Rocas y Derivados Zace, figura en una lista del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México que identifica a contribuyentes con deudas fiscales pendientes. Al mismo tiempo, desde noviembre de 2024 mantiene un proceso administrativo contra una oficina regional del SAT en Querétaro para impugnar una decisión tributaria en su contra.
Junto con los 26 envíos de presuntas piedras decorativas a C&K Pukaray en Perú, Exportadora de Rocas y Derivados Zace realizó entre 2019 y diciembre de 2025 otros cinco embarques similares con destino a Barranquilla, Colombia.
A ello se suma que, aparte del contenedor incautado en junio de 2025, en enero de ese mismo año la empresa efectuó un segundo envío con la misma descripción a la ahora investigada destinataria en Bolivia. Otro cargamento, remitido en julio de 2021 a Bolivia, también tuvo como destinataria a una persona natural y no a una empresa.
Investigaciones de OjoPúblico han documentado que la ruta terrestre desde Bolivia hacia Perú es utilizada desde hace años para el contrabando de mercurio destinado a la minería ilegal en la Amazonía.
OjoPúblico envió un cuestionario a Juan José Zamorano Dávila por correo electrónico, pero hasta el cierre de este informe no recibió respuesta. Este medio también acudió a la oficina de C&K Pukaray en Lima, para documentar su postura. Sin embargo, el local se encontraba cerrado, pese a que la visita se realizó dentro del horario de atención. Los intentos de contacto telefónico tampoco obtuvieron respuesta.
Se intentó comunicarse con Luz Zelmira Morena Valdivia y Eduardo García Patlán a través de sus redes sociales, sin éxito hasta el cierre de esta publicación.
Se solicitó al área de Comunicación Social del Gobierno de Querétaro información sobre posibles investigaciones administrativas tras el decomiso en Perú; la autoridad estatal respondió que la actividad minera es competencia federal y que no tiene registro de solicitudes relacionadas con el caso. También se pidió información a la Fiscalía General de la República sobre la existencia de alguna carpeta de investigación y la coordinación con Perú, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Un negocio fuera del radar
Tras la muerte de su líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el 22 de febrero durante un operativo policial, el CJNG volvió a captar la atención internacional con bloqueos de carreteras en varios estados mexicanos.
Raúl Benítez Manaut, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y especialista en temas de seguridad, dijo que el tráfico de mercurio constituye una línea de negocio del CJNG, que en México opera en gran medida fuera del radar de las autoridades y de la opinión pública.
“El tráfico de mercurio está muy localizado. En cambio, hay otros minerales, como el oro y la plata, en el norte del país que son extraídos por grandes empresas mineras, sobre todo canadienses. No existe una minería ilegal muy extendida en México”, afirmó, y añadió que por ello el mercurio se exporta principalmente a países como Perú, Colombia y Bolivia.
Según Benítez Manaut, el estado de Querétaro, donde se ubican los mayores yacimientos de mercurio del país, es una región “muy desarrollada, muy industrial, y no se conoce que los grupos criminales tengan una actividad intensa en ese estado”.
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Distinto es el caso del puerto de Manzanillo, desde donde fue enviado el contenedor incautado en el Callao, al igual que casi todos los cargamentos vinculados a las dos empresas bajo investigación. De acuerdo con el experto, el puerto se encuentra en la zona de influencia de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación.
En ese enclave portuario también arriban materiales precursores destinados a la producción de fentanilo para el mercado estadounidense, uno de los principales negocios ilícitos del CJNG, explicó Benítez Manaut.
Método de contrabando invisible
En el caso del contenedor incautado, también destaca el grado de sofisticación técnica del método de contrabando. Según la Sunat, para extraer el metal tóxico, las piedras incluidas en el cargamento son sometidas a altas temperaturas en hornos mediante un procedimiento conocido como “tostación”, que permite separar el mercurio en estado líquido del resto del material. Posteriormente, el metal es recolectado en frascos de hierro y preparado para su comercialización en circuitos de minería ilegal.
Este procedimiento se produce en un contexto de caída sostenida de las importaciones oficiales de mercurio en Perú.
Desde la entrada en vigor del Convenio de Minamata en 2017, un tratado internacional diseñado para reducir el uso de mercurio por sus graves impactos en la salud y el medio ambiente, las importaciones legales se desplomaron de más de 100mil kilogramos en 2011 a apenas seis mil 770 kilogramos en 2025, lo que ha abierto espacio a redes ilegales que aprovechan la escasez.
Al mismo tiempo, en un contexto de expansión de la minería ilegal en la Amazonia, impulsada por el alto precio del oro, el mercurio se ha convertido en un negocio creciente.
Luis Fernández, director del Centro de Innovación Científica Amazónica de la Universidad de Wake Forest (CINCIA) y especialista en contaminación por mercurio, fue encargado por la Sunat de verificar la presencia del metal en el contenedor.
“Con un analizador de vapor de mercurio, un equipo que mide la concentración de este metal en el aire, tomamos varias muestras y detectamos niveles elevados. Por eso usamos trajes y mascarillas: inhalarlo es peligroso”, explicó a este medio.
Fernández advirtió que las redes de contrabando recurren a métodos cada vez más creativos: "Hay casos en los que el mercurio fue ocultado entre granos de café, tubos de hierro, latas de pintura o mezclado con polvo".
La demanda proviene, en gran medida, de la minería ilegal en la Amazonia sudamericana. “Para separar una tonelada de oro de la roca o sedimentos, se requieren en promedio 2,5 toneladas de mercurio”, afirmó.
Si bien la Sunat estima que el embarque del contenedor incautado en el Callao, una vez procesado, “podría rendir aproximadamente cuatro toneladas de mercurio líquido”, fuentes fiscales indicaron a este medio que la determinación exacta de la cantidad de mercurio aún forma parte de la investigación en curso.
De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, el contenedor incautado permanece bajo custodia de la Sunat y continúa en el almacén de la empresa DP World Logistics, donde fue recibido inicialmente. No ha sido trasladado debido a su gran envergadura y al riesgo de contaminación que representa. Las mismas fuentes precisaron que, mientras el material no sea puesto a disposición en condiciones adecuadas, el cargamento seguirá bajo control de la entidad aduanera.
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