Una regla de hierro impera en los procesos comiciales de los países democráticos: la fecha de la jornada electoral es inamovible, definitiva. Los días en que se llevan a cabo las elecciones suelen estar fijados en constituciones y leyes, precisamente para que los ciudadanos puedan expresar sus preferencias políticas independientemente de disponibilidades presupuestales, coyunturas políticas, o bien de los cálculos de los partidos en el gobierno o en la oposición.
No obstante, en los últimos tres meses más de cincuenta elecciones han sido pospuestas en el mundo. La pandemia rompió un principio rígido de la democracia electoral, pero no podrá hacerlo por mucho tiempo. Las consecuencias de no renovar al poder político cuando expiran los mandatos son inmensas. De ahí que, tarde o temprano, los comicios diferidos tendrán que llevarse a cabo.
Administrar elecciones al tiempo que se minimizan probabilidades de contagio es un desafío nuevo. IDEA Internacional, IFES e IIDH-CAPEL están generando recomendaciones para hacer posibles procesos participativos, pero sanitizados. Plantean revisar todas las etapas del ciclo electoral. Las medidas sugeridas parten de las contadas experiencias exitosas: Corea del Sur, Alemania (Baviera) y Estados Unidos (algunas primarias estatales).
El caso coreano es ilustrativo. Las campañas ocurrieron casi en su totalidad en redes sociales e internet. Los ciudadanos pudieron ejercer su sufragio anticipadamente, derecho que fue aprovechado por uno de cada cuatro votantes. El resto lo hizo el día de la jornada electoral, en la cual encontraron toma de temperatura en el exterior de las casillas, cubrebocas obligatorio, geles sanitizantes. Las personas contagiadas y sus familiares encontraron casillas especiales en las cuales votar. El escrutinio se transmitió en video, para permitir la vigilancia ciudadana, sin romper la sana distancia. La adecuada comunicación de esas medidas permitió la tasa de participación más alta que se haya registrado en ese país.
A un año de la jornada electoral más grande en la historia de México, cabe preguntarse si estamos en condiciones de poner en práctica las recomendaciones de los organismos internacionales. Difícilmente con la Ley actual. Las atribuciones del INE para hacer cambios son muy limitadas, inclusive en una situación atípica como la que estamos viviendo. El Legislador bien puede aprovechar los pocos días que le quedan para hacer modificaciones y facultar expresamente al INE a hacer ajustes sustanciales en las modalidades de votación en casos extraordinarios, como el de una pandemia.
Si se mantienen altas las tasas de contagio, la elección deberá eliminar aglomeraciones. Esto resulta imposible si —como dice la norma— se instala una casilla por cada 750 electores registrados (75 por hora). Además de los votantes, en el recinto donde se reciban los sufragios estarán permanentemente 6 funcionarios (elección concurrente), representantes de partidos y observadores.
Hay tiempo suficiente para avanzar hacia distintas modalidades de voto anticipado que permitan dispersar a los electores a lo largo de una semana. Se podrían recibir sufragios en buzones, por correo o a través de internet. Esas modalidades eliminan la conglomeración y se pueden construir en forma segura y confiable.
Del mismo modo, deben repensarse los materiales electorales, procesos de selección y capacitación de funcionarios, los cómputos distritales y —por supuesto— los mítines y asambleas en el marco de las campañas electorales.
La capacidad de vislumbrar riesgos y adoptar acciones concretas para minimizarlos es característica de los órganos que actúan con integridad electoral. El margen de interpretación del que dispone el INE es estrecho. Mejor facultarle de una vez para hacer los ajustes necesarios para mantener viable la elección en medio de una pandemia.
Consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. @yuribeltran
