Un tema que recobra importancia en estos últimos días, es el análisis de la denominada “Reforma con y para el Poder Judicial”, cuya iniciativa fuera presentada por el Presidente de la República a la Cámara de Senadores, en febrero pasado.
El análisis y dictaminación de esta importante reforma, se vieron afectados por el impacto de la pandemia en las labores presenciales del Congreso.
Sin embargo, en el umbral del inicio del próximo periodo de sesiones, esta semana atestiguamos las expresiones de actores relevantes de los tres poderes de la Unión, manifestando su compromiso y reafirmando su apoyo para el cambio constitucional propuesto para el Poder Judicial Federal (PJF), colocando al tema como uno de los ejes principales de la agenda parlamentaria que se desahogará en dos semanas.
Una primera nota a destacar, es que el proyecto de reforma dimana del mismo PJF, en un esfuerzo que encabezó el Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura (CJF), producto de la reflexión sobre sus fortalezas y debilidades; fruto de su experiencia, de su visión y de su compromiso por alcanzar una mejor justicia para las mexicanas y los mexicanos.
Otra, es que se reconoce la necesidad de, a través de ella, contribuir a consolidar el proceso de cambio y renovación emprendido al interior del PJF, y dar consistencia y continuidad a las políticas que ha asumido, proveyéndole del andamiaje normativo necesario para que prosperen.
La reforma, además de fortalecer el papel de la Corte como Tribunal Constitucional, plantea la consolidación de una verdadera carrera judicial para todas las categorías que la integran, a las que se acceda por concurso de oposición; limita la discrecionalidad en los nombramientos otorgados por jueces y magistrados, para garantizar que sólo se otorguen a los vencedores en los concursos; se establecen políticas que orienten las determinaciones del CJF en materia de adscripciones, readscripciones y ratificación de juzgadores; da impulso a la capacitación y profesionalización, otorgándole un papel central en los concursos de oposición a la ahora Escuela Judicial, y refuerza las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo.
Así también, tiende a fortalecer al Instituto Federal de Defensoría Pública, con el propósito de que los defensores públicos se conviertan en verdaderos abogados de las personas más vulnerables.
Un rubro al que da la mayor relevancia, es el de la paridad de género al interior del PJF, haciendo eco a las políticas internas que se han implementado, como lo son los recientes concursos internos de oposición, dirigidos exclusivamente a mujeres, como una medida inédita para palear una situación de desigualdad que prevalece.
A este fin, en el artículo 100 constitucional se plantea adicionar a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, que rigen la carrera judicial, el de paridad de género.
A partir de esta propuesta, el mérito y la igualdad de oportunidades, así como la paridad de género, serán las premisas fundamentales para el acceso a los diversos cargos de la carrera judicial, desde Oficial Judicial hasta Magistrado de Circuito, desterrando prácticas nocivas y propiciando la presencia de más y mejores mujeres, en más y mejores cargos en el PJF.
En esta misma línea, entre las atribuciones del CJF, se reitera la de incorporar la perspectiva de género, de forma transversal, progresiva y equitativa en las políticas internas, con el objeto de garantizar a las mujeres y hombres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones.
Esta es una reforma comprometida con una verdadera justicia, esa que hoy reclaman las y los mexicanos.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
