El pasado martes 17 de marzo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia determinó suspender actividades jurisdiccionales y declarar inhábiles los días que comprenden del 18 de marzo al 19 de abril de este año, como medida para proteger la salud de las personas, ante el riesgo que significa la propagación del Covid-19. Una medida a la que se han sumado la mayoría de los órganos de impartición de justicia en el país.
Desde diciembre pasado en que se tuvo noticia del brote de esta enfermedad en la provincia china de Hubei, hemos sido testigos de su rápida propagación y de las inusitadas medidas que han debido adoptar los países en los que hasta ahora lamentablemente se ha extendido.
Una vez que la Organización Mundial de la Salud declaró la existencia de una pandemia, hizo un llamado a todos los países a tomar medidas urgentes y agresivas; un llamado también a cada individuo para participar en el combate a esta enfermedad y detener su propagación, evitando la concentración de personas y aumentando el distanciamiento social.
Frente a las imágenes de desolación que percibimos en muchos de los lugares más emblemáticos de nuestro mundo, contrastan otras de compromiso y solidaridad por parte de quienes asumen una responsabilidad especial dentro de los servicios sanitarios; la adhesión también de quienes integran las comunidades hasta ahora más afectadas, a las medidas de aislamiento que impone esta crisis que atenta contra la salud de la población mundial. Temor, sí, sin duda; pero también, espíritu solidario, la conciencia de que nuestra acción individual cuenta, y cuenta mucho.
La oportunidad con la que actuemos es de vital importancia para frenar el impacto de la crisis, que exige de un esfuerzo colectivo, en el que participemos unidos, instancias gubernamentales y la sociedad entera.
A partir de la declaratoria de pandemia, nuestro país ha tomado distintas medidas para la contención de la enfermedad, a las que ahora se suma la determinación del Pleno de la Corte que de manera responsable, en aras de proteger la salud tanto de quienes laboramos en ella como de quienes acuden a sus instalaciones para realizar distintos trámites, acordó como medida urgente la suspensión de actividades jurisdiccionales, declarando inhábiles los días que comprenden del 18 de marzo al 19 de abril de este año, en la inteligencia de que en ese lapso no corren los términos judiciales.
Esto significa que en todos los procesos judiciales los plazos o términos en los que debiera realizarse un determinado acto procesal o diligencia, quedan suspendidos, considerando inhábiles los días comprendidos en el período señalado.
Así también, el Consejo de la Judicatura Federal1 determinó la suspensión de labores en todos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, estableciendo un esquema de guardias para la atención de asuntos urgentes, bajo rigurosas normas de seguridad para el personal y de quienes acudan a sus instalaciones, privilegiando el trabajo a distancia de las y los servidores públicos.
Vivimos una crisis a nivel mundial sin precedentes, que nos impone medidas excepcionales, una actuación responsable que atienda a la prioridad que es proteger la salud de la población, sin demérito del acceso a la justicia en casos de notoria urgencia, en los que la administración de justicia no puede detenerse.
El devenir cotidiano de nuestra vida se ve alterado de muchas maneras, nuestro trabajo, nuestra convivencia familiar y social; los efectos de esta emergencia también serán en diversos órdenes. Todo ello demanda de cada uno de nosotros responsabilidad, civismo, unidad y solidaridad, por sobre todo con aquellos sectores más vulnerables de nuestra población. Esa solidaridad tan propia de los mexicanos que nos ha permitido sortear otras muchas crisis y que hoy debe de aflorar, en acción conjunta con nuestras autoridades, para el bien de nuestra Nación.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
