El pasado 25 de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Presidenta de la República presentó una ambiciosa iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones en diecisiete leyes. El objetivo es claro: construir un andamiaje normativo coherente, moderno y transversal que coloque a la igualdad sustantiva y a la erradicación de las violencias de género en el centro de la vida pública.
La magnitud de la propuesta es inédita. No se trata de ajustes aislados o correcciones técnicas, sino de una reingeniería legal integral que reconoce que las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes tienen múltiples expresiones y se manifiesta en todos los espacios sean públicos, privados, laborales, comunitarios e incluso digitales, mismas que requieren respuestas coordinadas, articuladas y especializadas.
Su relevancia recae en la consolidación de un Estado que reconoce que la igualdad sustantiva no es un ideal aspiracional, sino un principio fundamental que debe guiar las políticas públicas, lo presupuestos, los procedimientos judiciales, las prácticas administrativas y, en general, en la vida cotidiana de la sociedad.
La primera reforma sustancial se encuentra en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que actualiza definiciones, fortalece atribuciones institucionales y establece un elemento crucial: que la igualdad sustantiva se convierta en eje rector de la acción pública. Esto implica transformar la idea de igualdad formal que se limita al solo reconocimiento de igualdad ante la ley de mujeres y hombres, hacia una igualdad real, que examine condiciones materiales, barreras estructurales y prácticas institucionales.
Entre las innovaciones más relevantes destaca la creación del Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para la Igualdad Sustantiva, que busca dar continuidad, presupuesto y trazabilidad a las acciones del Estado, evitando la dispersión y la duplicidad de esfuerzos que históricamente han limitado el avance en materia de género.
Un avance significativo ocurre en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que se amplían y actualizan los tipos y modalidades de violencia, enfatizando en dos fenómenos que durante años permanecieron invisibilizados o tratados con insuficiencia: la violencia mediática y la violencia digital. Ambas categorías reconocen que hoy la agresión no se limita al espacio físico, va más allá. Las nuevas tecnologías, redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación pueden convertirse –como lamentablemente acontece– en instrumentos para difamar, intimidar, hostigar, controlar o explotar a mujeres, niñas y adolescentes.
La reforma obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a desarrollar políticas, protocolos de prevención y mecanismos de denuncia especializados, así como sistemas de información que permitan identificar patrones, registrar incidentes y canalizar casos de manera efectiva. Esta actualización normativa articula además servicios médicos, psicológicos, jurídicos y de acompañamiento para mujeres víctimas de violencias que ocurren tanto en espacios materiales como digitales.
La voluntad política para poner freno a la violencia contra las mujeres existe, prueba de ello la iniciativa instada por nuestra Presidenta y su aprobación en ambas Cámaras, lo que nos permitirá contar con un andamiaje jurídico acorde a los más altos estándares para la protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y a la igualdad sustantiva.
Toca ahora a todas las autoridades involucradas su eficaz implementación y a la sociedad entera, desde la familia, la escuela, en todo espacio, asumir la responsabilidad que también tenemos para alcanzar la igualdad sustantiva.
Vamos todos a apoyar la igualdad para todas.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación