El pasado 15 de diciembre concluyó el segundo periodo anual de sesiones 2025 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta última sesión cumplimos con el deber republicano de dar cuenta a la ciudadanía del mandato que su nueva integración recibió en las urnas el 1 de junio del año anterior.
Nuestro compromiso con la transformación de la justicia ha sido inquebrantable, trabajando para que el derecho de acceso a la justicia sea para todas y todos.
Cada resolución que dictamos estuvo orientada hacia la protección de los derechos humanos de las personas, atentos a las diversas realidades –tantas veces invisibilizadas– que viven, actuando con sensibilidad y responsabilidad.
Así resolvimos sobre la protección a las víctimas de violencia sexual y para garantizar su acceso a la salud sin condicionamiento alguno; luchamos por espacios dignos para la lactancia y contra las terapias de conversión forzada que dañan a niñas y niños; para garantizar que las nuevas tecnologías no vulneren la dignidad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes; defendimos la libertad religiosa como derecho humano; el derecho al agua sin discriminación, así como la autonomía de los tribunales administrativos. También impulsamos la paridad de género en materia electoral, con la convicción de que México requiere más mujeres en la política, en cargos de toma de decisión.
Además de otras diversas acciones que transparentan el ejercicio jurisdiccional, como poner a disposición pública, antes de cada sesión, los proyectos de resolución que serán discutidos. Y hoy todas las sesiones del Tribunal Pleno son trasmitidas por el canal del Poder Judicial de la Federación, permitiendo que la ciudadanía conozca los debates en cada asunto y las consideraciones jurídicas bajo las que se resuelve. Así también las distintas posturas y diferencias de criterio que pueden darse entre las Ministras y los Ministros, lo que imprime fortaleza a nuestra institución, pues la contradicción argumentativa da testimonio de independencia de criterio e imparcialidad, principios esenciales de la tarea de juzgar.
La audiencia pública efectuada en el mes de octubre con personas con discapacidad confirmó que el diálogo directo enriquece las decisiones. Las comunidades y realidades diversas que existen en nuestro país nos reiteran que una Corte sin diálogo social sería una institución incompleta. Mantener los criterios de consulta previa y participación efectiva es honrar nuestro legado democrático.
El cierre de este ciclo me invita al reconocimiento colectivo de la labor del equipo profesional, administrativo y operativo que apoya en cada ponencia y que coadyuva a la labor cotidiana del Máximo Tribunal. A todas esas personas mi agradecimiento, pues la justicia no se construye desde individualidades, sino desde comunidades y saberes.
Quienes integramos la nueva Corte estamos conscientes del deber que tenemos para garantizar la vigencia del Estado de derecho con certidumbre jurídica, sustento indispensable de la prosperidad económica y del bienestar social de nuestro país.
El año 2026 traerá nuevos casos al conocimiento de la Nueva Corte. Emprenderemos su resolución con la convicción de que la transformación de la justicia depende del diálogo entre Constitución y ciudadanía.
Hoy abrimos un nuevo ciclo de nuestra historia reciente, segura de que continuaremos en ejercicio de nuestra labor con el mismo compromiso, sensibilidad y responsabilidad; con el convencimiento de que la justicia debe reflejarse en la vida de las personas y ayudar a transformar esas realidades.
Por un México más justo e igualitario.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación