En 2024, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me multó por llamar a Morena ‘narcopartido’. Hoy, a casi dos años de distancia, el tiempo y los hechos me dan la razón. El morenista Diego Rivera Navarro, hasta hace unos días alcalde de Tequila, Jalisco, construyó un entramado al interior de la alcaldía para extorsionar y secuestrar. Dos de sus directores participaban en el negocio.
De acuerdo con denuncias e investigaciones de la Fiscalía General de la República, los funcionarios se dedicaban a extorsionar a empresarios agaveros y sostenían vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación, con el que se comprometieron a entregarles millones de pesos del erario público. No es el guion de una película, son líneas de investigación.
La historia obscura del morenista se conoció en marzo de 2021 cuando, de acuerdo con unas pesquisas, secuestró a su correligionario Guillermo Cordero y a su suplente Julio Alejandro García para, bajo tortura, obligarlos a firmar su renuncia para contender por la candidatura a la presidencia municipal de Tequila.
Juan Pablo Colín, presidente del PAN en Jalisco, aseguró que era del conocimiento público que Rivera Navarro tenía nexos con el crimen organizado y, aún así, Morena decidió hacerlo su candidato. Aunque se deslindó de él, el partido oficialista, con conocimiento de causa, decidió impulsarlo como alcalde. Con ello, permitió que el cártel se incrustara en el gobierno municipal.
El que sigue en total impunidad, es el caso del cártel “La Barredora” en Tabasco. El líder del grupo criminal Hernán Bermúdez, se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública y fue designado por el entonces gobernador, Adán Augusto López, cercano a López Obrador. Igual que en Tequila, desde el gobierno morenista de Tabasco se operaba la célula criminal.
Otro caso que está en entredicho es el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, por sus supuestos vínculos con grupos criminales. Primero, por las increíbles circunstancias en que fue entregado Ismael “El Mayo” Zambada al gobierno estadounidense y, después, porque el mismo capo denunció que fue entregado con engaños para reunirse con el gobernador y Héctor Melesio Cuén, entre quienes existían diferencias. Al final, Cuén fue asesinado el mismo día que el líder criminal fue enviado al vecino país del norte.
El nombre de Rocha Moya fue cuestionado, pero no se le conoce alguna investigación formal. Por el momento, en Sinaloa siguen operando a sus anchas, grupos criminales. Una muestra es el hallazgo de cinco cuerpos de los 10 mineros secuestrados hace unos días en el municipio de Concordia.
Muchos defensores del régimen tratan de encubrir el bulto trayendo el caso de Genaro García Luna. La diferencia central es que García Luna está en una cárcel en Estados Unidos y los morenistas, embarrados por evidencias y acusaciones bien fundadas, están impunes en sus cargos.
La reforma electoral más importante y necesaria que puede implementar la presidenta Claudia Sheinbaum sería separar a su propio partido del crimen organizado. Es momento de reconocer y combatir la estructura que le heredó su antecesor Andrés Manuel López Obrador.
Comentario final
Semana diecinueve: ¿Cuándo terminará la impunidad de Adán Augusto López?