Los gobiernos morenistas construyen un régimen de impunidad. El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene reparo en asignar culpas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, pero todos los señalados son personas que representan los eslabones más débiles de la cadena de mando. Es como cuando se cae un edificio y le echan toda la culpa al maestro albañil. El objetivo es proteger, de cualquier responsabilidad política, a su antecesor Andrés Manuel López Obrador y a su círculo de complicidad en Morena.
A un mes del descarrilamiento del tren en Oaxaca, la Fiscalía General de la República, a cargo de Ernestina Godoy, determinó que la causa fue el exceso de velocidad y culpó al conductor, al maquinista y al despachador del ferrocarril.
Por ningún motivo se mencionó a los responsables de la construcción, de la supervisión ni mucho menos a quien impuso los tiempos apresurados y el presupuesto desde Palacio Nacional, al ejecutor político: el expresidente López Obrador.
Se incumplió la promesa de nombrar un grupo de expertos para realizar una investigación independiente. Fingieron no ver que el tren viejo, comprado por el gobierno, no contaba con velocímetro y que el sistema de radios no funcionó. Tampoco cuestionaron los contratos que se adjudicaron a los amigos de Bobby López Beltrán.
A lo largo de estos años, los gobiernos morenistas han aprendido el camino. En lugar de buscar que se imparta justicia, prefieren minimizar los efectos de las tragedias. No quieren ni denuncias ni críticas. Justicia no solo es pagar indemnizaciones. Sucedió en el caso del Colegio Rébsamen y la caída de la línea 12 del Metro. En el primer caso culparon a la directora del instituto, pero no sancionaron a los responsables de Protección Civil de Tlalpan que no clausuraron el inmueble por irregularidades y, en el segundo, al día de hoy no hay responsables en la cárcel.
Morena posee una trayectoria de impunidad, también en temas meramente políticos. El cercano a López Obrador, Adán Augusto López, deja la coordinación de Morena en el Senado, pero no se desprende del fuero.
A pesar de su cercanía con Hernán Bermúdez, líder del cártel de “La Barredora” en Tabasco, a López Hernández no se le conoce alguna investigación. Tiene el cinismo de retar a cualquier persona que lo cuestione para presentarse a la FGR. Sabe de la impunidad que lo blinda.
Tanto arremetieron los morenistas contra Genaro García Luna por proteger a criminales, pero ahora dócilmente se callan ante una acusación de un secretario de Seguridad que no protegió, sino que encabezó una organización criminal.
La presidenta Claudia Sheinbaum está ante la oportunidad de ponerle un alto a la impunidad. De terminar con el compromiso y la complacencia a López Obrador. Debe entender que en el momento en que ella protege, se convierte en cómplice. Si de verdad combate la impunidad de su propio partido tendría el reconocimiento de millones de mexicanos.
De lo contrario, la pregunta prevalecerá, ¿hasta dónde la Presidenta está dispuesta a pagar los costos de la negligencia y corrupción del sexenio pasado?
Comentario final:
Ya se fue de la coordinación, pero la pregunta continúa: semana dieciocho, ¿cuándo terminará la impunidad de Adán Augusto López?
Ciudadana