Los partidos han tenido un componente dominante en la vida política nacional a tal grado que la autoridad electoral es meramente ornato. Con un altísimo nivel de imperio ejercen un monopolio de la actividad pública manteniendo una intervención constante en el quehacer de lo que a todos interesa. Son ellos, a través de sus diputados y senadores, quienes eligen a los consejeros e incluso el sistema judicial de la materia, raro pero los jugadores seleccionan a sus árbitros.

El domingo lo vivimos, el debate presidencial es resultado de un pacto en el que se conviene lugar, hora, preguntas, coordinación y foro, todo lo resuelven, el INE simplemente es testigo de la intención ajena. En este contexto ¿Quién manda los partidos o las instituciones?

La lucha por el poder requiere rutas de acceso, sin duda son esenciales para la participación de todos, sin embargo se han irrogado una preponderancia en perjuicio de la democracia, recordemos, en lo económico viven del erario del que reciben millonarias cantidades y gozan de una serie de exenciones fiscales. Por sus manos pasan decisiones de gran impacto, como las reformas estructurales acordadas mediante concertaciones de las que obtienen enormes beneficios, su voluntad es omnipresente, están prácticamente en toda la administración.

Con sus bloques legislativos nombran a los Ministros de la Corte, al Presidente de la CNDH, al Fiscal General, a los Magistrados, a los Embajadores también los ascensos militares, en fin, todo aquello que importa a la sociedad, condición que les genera una colosal prerrogativa en el que las coyunturas colectivas no son el eje de sus determinaciones sino la protección de sus descomunales cuotas de influencia, obrar que ha permeando todos los niveles del gobierno que va desde las entidades federativas hasta los municipios.

El origen de su existencia surge en la necesidad de acabar con el caudillismo revolucionario que aniquilaba todo pensamiento que atentaba contra el autoritarismo, pero se sirvieron con la cuchara grande, hoy son intocables en términos constitucionales, son los amos del control, les pertenece, ni siquiera al Estado mismo.

Los impulsos por mantenerlos a raya han sido vanos, las candidaturas independientes fueron un mecanismo de liberación de presión de una población que reclama nuevas formas de llegar, pero la vara la pusieron alta, el camino por la vía de la emancipación ideológica es sumamente difícil, máxime si no se cuenta con presupuesto y un método territorial, es seguro que en el futuro inmediato no veremos a un Ejecutivo ajeno a las organizaciones, no lo permitirán, no renunciarán a las mieles que da el usufructo del esfuerzo común.

Mientras tanto sigamos viendo los remedos de encuentros absolutamente maquillados por los propios competidores, en los que el ciudadano es mero espectador en un juego de compromisos de los que se asumen como pilares de la Nación en el que su único y superior objetivo es el conservar privilegio que da el mando.

No habrá verdaderas polémicas, no se confrontarán conceptos, ni se contestarán las imputaciones, dos mujeres y un varón en soliloquios sin sentido evadiendo el principio fundamental que nutre a la República, la discusión.

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