En México, de acuerdo con los datos más recientes publicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), 45 de cada 100 hogares no cuentan con acceso a servicio fijo de Internet y 23 de cada 100 habitantes no tiene servicio móvil. Según un estudio del propio Instituto, la probabilidad de que una persona del campo use Internet es tan solo de 40.6%, mientras que la de una de la ciudad es del 73.1%. Una persona en un hogar con ingresos menores a 12 mil 883 pesos mensuales tiene casi la mitad de probabilidad de usar internet que una en un hogar con ingresos mayores a 27 mil 307 pesos mensuales (43.4% contra 84.3%).
Este tipo de datos nos muestran las diferencias que existen en nuestro país para el aprovechamiento de las oportunidades que pueden ofrecer los servicios digitales y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)a nuestra población. Oportunidades para ejercer derechos tan importantes como al acceso a la información, la libertad de expresión, el aprovechamiento de servicios públicos, el acceso a soluciones en materia de salud, educación, trabajo, contacto con la familia y los seres queridos o, simplemente, entretenimiento.
Si bien desde hace varios años hemos sido conscientes de estas diferencias y hemos trabajado para que se reduzcan, las condiciones que se han presentado como consecuencia de la contingencia sanitaria han hecho que esta tarea se vuelva urgente. Las medidas preventivas de aislamiento han requerido de un uso más intensivo de estas herramientas, las cuales serán más importantes que nunca de cara a lo que se ha dado por llamar “la nueva normalidad”.
Para el logro de lo que se denomina formalmente el cierre de la brecha digital (la eliminación de la desigualdad en el acceso a las TIC), en México se han propuesto proyectos para llevar conectividad a zonas alejadas, como la Red Compartida o la creación de la empresa estatal CFE Telecom; sin embargo, la observación de los alcances de estos aún requiere tiempo. En este escenario, la fórmula más conocida para cumplir con este tipo de objetivos se relaciona con generar las condiciones suficientes para la oferta de servicios y la realización de inversiones. El nivel de los precios por el uso del espectro radioeléctrico es un aspecto central que incide en ambos factores.
El espectro radioeléctrico es un insumo esencial para ofrecer servicios y por el que los operadores de telecomunicaciones deben pagar al Estado mexicano. Para proporcionar servicios de manera adecuada, atendiendo a las necesidades de los diferentes usuarios, requieren tener espectro con distintas características, el cual les es asignado mediante procesos de licitación competitivos.
Uno de los señalamientos más importantes que se hacen en el país con relación a las limitaciones para ampliar la conectividad en las zonas no conectadas o avanzar en términos de la implementación de nuevas tecnologías como 5G es el relacionado con los altos costos de espectro, debido a la cuota que anualmente se paga por sus derechos de uso. De acuerdo con diversos estudios, el espectro radioeléctrico es uno de los costos operativos más significativos para la industria móvil, al representar alrededor del 15% de sus ingresos.
Al respecto, el IFT ha advertido en diversas ocasiones que los montos por el uso del espectro en México son en promedio más altos en 60% que la mediana internacional (comparado con 40% países). Otros estudios reafirman esta condición y señalan que el espectro en México es el más caro en América Latina. Mientras que, con la intención de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de conectividad en el país, especialistas, el IFT y la misma industria han insistido en revisar los costos del espectro a la baja, en el paquete económico 2021, mediante una modificación a la Ley Federal de Derechos, se ha planteado un aumento que haría que los montos lleguen a ser 70% mayores que la mediana internacional.
Esta elevación en los costos tendría efectos adversos en el mercado y generaría incrementos en el precio de los servicios, restricciones para llevar conectividad a zonas no cubiertas y disminución de las inversiones, afectando principalmente a los grupos poblacionales menos favorecidos y ampliando las brechas que hemos mencionado. La propuesta es desacertada incluso desde una perspectiva meramente recaudatoria, ya que, con el objetivo de obtener mayores ingresos públicos de manera directa, se estaría afectando el desempeño del sector y se reducirían los beneficios y las aportaciones que generaría vía otros impuestos funcionando en un nivel óptimo.
Desde la presidencia de la Comisión de Comunicaciones y Transportes hemos señalado la equivocación en que se incurre al proponer esta medida y hemos buscado, al más alto nivel, que se apoye nuestra propuesta de revertirla. Seguiremos enfocando nuestros esfuerzos para lograrlo porque tenemos la certeza de que será en beneficio de toda la población y particularmente de los menos favorecidos.
Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en la Cámara de Diputados
