La Cámara de Diputados aprobó el 6 de diciembre el dictamen de una iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que, si bien en la mayoría de los casos contiene modificaciones de forma, complementa las reformas constitucionales y legales promovidas al inicio de este gobierno. Su objetivo es consolidar un entramado jurídico y administrativo más sólido que fortalezca la igualdad sustantiva, los derechos de las mujeres y el combate a las violencias de género.
Por cuestión de espacio, sólo abordaré algunos cambios relevantes. El dictamen establece la Política Nacional en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como el Programa Nacional de Proyectos Estratégicos para este fin, y transfiere las atribuciones del Instituto Nacional de las Mujeres a la Secretaría de las Mujeres. Esta nueva secretaría se regirá por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sustituirá a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. El Sistema Nacional se integrará por la Secretaría de las Mujeres —que lo presidirá— y por titulares de secretarías de Estado y dependencias de salud, entre otras.
Asimismo, se elimina la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y sus funciones se trasladan a la Secretaría de las Mujeres, incluyendo la facultad de declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG), eliminando también las atribuciones que en este ámbito tenía la Secretaría de Gobernación.
En cuanto al Sistema para Prevenir las Violencias, se establece que será presidido por la titular del Ejecutivo Federal y la Secretaría de las Mujeres será su Secretaría Ejecutiva. Se puntualiza que el Programa Nacional para la Igualdad Sustantiva dejará de formar parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y únicamente deberá estar alineado con este.
El dictamen mandata la creación de fiscalías especializadas en violencias de género y otorga la facultad de atracción a autoridades federales en materia de medidas de protección, para lo cual se crea el Registro Nacional de Órdenes de Protección. Se incorpora la obligación de garantizar la igualdad sustantiva, se añade la violencia vicaria a la violencia familiar y se refuerza el principio de salario igual para trabajo igual con el objetivo de eliminar brechas de género.
Se establece que los programas sociales deberán incorporar la perspectiva de género y derechos humanos en su diseño, implementación y evaluación, así como la creación de programas de atención para víctimas y generadores de violencias sexual y familiar. También obliga a las autoridades educativas a implementar políticas con enfoque diferenciado para prevenir y atender la deserción escolar de mujeres, adolescentes, niñas y niños.
El dictamen incorpora la perspectiva de género como principio de la política migratoria y traslada a la Secretaría de las Mujeres diversas facultades que antes correspondían al Instituto Nacional de Migración (INM).
En su conjunto, estas reformas buscan consolidar un marco normativo e impulsar la colaboración entre instituciones y niveles de gobierno para fortalecer las políticas públicas en favor de las mujeres. Sin embargo, es importante señalar que la concentración de facultades en la Secretaría de las Mujeres —incluidas las funciones del INM y la CONAVIM— puede vulnerar la soberanía estatal y municipal. Asimismo, desvincular la política de igualdad del PND implica la posible ausencia de indicadores confiables o la construcción de indicadores a modo.
Esperemos que este marco legal pueda contar con presupuesto suficiente y, sobre todo, cristalizarse en la vida diaria para que las mujeres y las niñas puedan vivir libres de violencia.