Plan B, al basurero de la historia

La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobado de manera irregular por Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.

Al resolver las acciones de inconstitucionalidad presentadas por diputados y senadores del Congreso de la Unión, PRD, PAN, PRI y MC, la Corte determinó que existieron múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo por lo que, conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal, dicho procedimiento se invalidó.

El Pleno de la SCJN consideró que las iniciativas del denominado “Plan B” fueron presentadas a discusión y aprobación sin que fueran publicadas previo al inicio de la sesión, para que todas y todos los legisladores tuvieran oportunidad de conocerlas, tal como lo señala el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Argumentó que las iniciativas fueron clasificadas como urgentes por la mayoría sin dar razón alguna, lo que significa que ni siquiera fueron dictaminadas en comisiones, por lo que se procedió a su discusión y aprobación inmediata, a pesar de su extensión y complejidad. Ello a pesar de las reiteradas peticiones de las minorías para permitir previamente conocer el contenido de los Decretos y así proceder a un debate serio.

Señaló que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto cuyo texto ya había sido aprobado por ambas Cámaras. Las Comisiones Unidas del Senado de la República omitieron sesionar y aprobar su dictamen de manera conjunta.

Asimismo, tampoco cumplieron con las reglas de votación previamente establecidas.

Con esta resolución del Poder Judicial la totalidad del llamado “Plan B”, se fue al basurero de la historia, aunque ello no implica que López Obrador cese en su intento por vulnerar el derecho a la libertad de expresión, de asociación, de participación política, a la paridad de género y a la no discriminación, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. (Transparencia Electoral, El Plan B y la violación a los derechos civiles, 16 de mayo de 2023).

Como respuesta inmediata, el presidente anunció que enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al Poder Judicial para que ministros, magistrados y jueces sean electos en las urnas. De hecho, consciente que existían altas probabilidades que la Corte declarara la inconstitucional del “Plan B”, Morena lleva a cabo Conversatorios en la Cámara de Diputados para impulsar este tema que, por cierto, ha sido cuestionado por especialistas invitados.

Sin embargo, para poder llevar a cabo esta reforma se requiere de una mayoría constitucional en el Congreso de la Unión que Morena y sus aliados nunca han obtenido, lo que habla de la decisión de las y los ciudadanos de preservar la democracia, la pluralidad y la división de poderes. De ahí la relevancia que, frente a los arrebatos autoritarios de López Obrador, dicho compromiso sea refrendado en las elecciones de 2024.