El pasado 13 de febrero, la Alcaldía Cuauhtémoc llevó a cabo un operativo de vía pública con el objetivo de avanzar en el reordenamiento del comercio informal y recuperar espacios para el tránsito seguro y el disfrute de la ciudadanía. Durante esta acción, orientada a fortalecer el orden urbano y el cumplimiento de la normatividad, se registraron hechos de violencia que derivaron en lesiones para la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, así como para personal que participaba en las labores institucionales.
De acuerdo con información difundida en distintos espacios públicos y redes sociales, las agresiones habrían sido realizadas por personas vinculadas a grupos de comerciantes relacionados con la diputada Diana Sánchez Barrios. Más allá de los señalamientos, lo que resulta fundamental subrayar es que ningún desacuerdo o interés particular puede justificar el uso de la violencia, sean ciudadanas, ciudadanos o servidores públicos que cumplen con su deber.
El contexto de este operativo debe entenderse dentro de un problema estructural que enfrenta la Ciudad de México: la expansión del comercio informal en el espacio público. Si bien esta actividad representa para muchas personas una fuente de ingresos de frente a la falta de políticas públicas que garanticen el trabajo formal, su crecimiento sin regulación genera impactos importantes en la movilidad, la seguridad, la competencia económica y el uso equitativo del espacio común. Las calles, banquetas y plazas son bienes públicos que deben garantizarse para todas y todos.
El reordenamiento del comercio en vía pública no debe interpretarse como una medida de confrontación, sino como una política de gobernanza urbana que busca equilibrar derechos y responsabilidades, como el derecho al libre tránsito, a la seguridad, a la accesibilidad y a un entorno urbano ordenado. La autoridad tiene la obligación de conciliar estos intereses con base en la ley, sin privilegios ni excepciones.
En este sentido, el principio juarista de que “el respeto al derecho ajeno es la paz” cobra plena vigencia. El orden público no puede estar sujeto a presiones, chantajes o actos de fuerza. La legalidad es el marco que permite la convivencia y la certeza para todos los sectores. Por ello, ante los hechos de violencia registrados, se ha solicitado que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes y que se aplique la ley a quienes resulten responsables.
Desde la Alcaldía Cuauhtémoc se ha reiterado que la violencia no intimidará las acciones orientadas a recuperar el espacio público. El objetivo es claro: construir una demarcación más ordenada, segura y funcional, donde la ciudadanía pueda transitar, trabajar y convivir en mejores condiciones.
Al mismo tiempo, el gobierno de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega ha manifestado su disposición al diálogo y a la construcción de alternativas para quienes dependen del comercio informal. La regularización, la ubicación adecuada y el cumplimiento de la normatividad son caminos posibles para que esta actividad se realice de manera digna, legal y sostenible.
El reto de la ciudad es avanzar hacia un modelo de convivencia donde los derechos no se impongan por la fuerza, sino que se ejerzan dentro del marco institucional. Recuperar las calles no significa excluir, sino ordenar para incluir de manera justa.
En Cuauhtémoc, el compromiso es continuar trabajando con firmeza y responsabilidad para que cada día más personas disfruten de un espacio público seguro, accesible y en condiciones de legalidad. Porque una ciudad ordenada no es un privilegio: es un derecho de todas y todos.
Finalmente, expreso mi solidaridad con la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega y con el personal de la Alcaldía que resultó lesionado en el cumplimiento de su deber al servicio de la ciudadanía.