No, no es exageración.
La activación del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas en el caso de México es una señal de alarma internacional. Y no cualquier señal: es el mecanismo que se reserva para escenarios graves, cuando existen indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas, de acuerdo con el propio Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED).
Eso es lo que hoy se está diciendo sobre nuestro país.
Durante años, las familias lo han denunciado en calles, en fosas y en búsquedas interminables: en México las personas desaparecen y el Estado no ha sido capaz de responder a la altura. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el país acumula más de 130 mil personas desaparecidas. A ello se suman decenas de miles de cuerpos sin identificar en servicios forenses, como han documentado organizaciones como Data Cívica e Impunidad Cero.
Y sin embargo, la reacción oficial frente a esta determinación ha sido la de siempre: descalificar el diagnóstico.
Se afirma que el informe es tendencioso, que no refleja la realidad actual y que no reconoce los avances institucionales recientes. Pero hay preguntas que no se pueden evadir: si la situación es distinta, ¿por qué las cifras siguen creciendo?, ¿por qué la impunidad en desapariciones supera el 98%, como advierte Impunidad Cero?, ¿por qué siguen siendo las familias quienes encabezan las búsquedas?
Desacreditar al mensajero no resuelve el mensaje.
Es cierto: el propio Comité reconoce que no hay elementos para afirmar la existencia de una política estatal dirigida a cometer desapariciones. Pero también señala que estas continúan ocurriendo, en algunos casos con la aquiescencia o incapacidad del Estado, y que la respuesta institucional no ha logrado revertir la crisis.
Ahí está el punto. No se trata solo de intención, sino de resultados.
El gobierno ha destacado reformas legales, nuevas herramientas y mecanismos de coordinación. Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos es claro: la eficacia de un Estado se mide por su capacidad para prevenir violaciones, investigar los hechos y garantizar justicia. Mientras las desapariciones continúen y la impunidad prevalezca, los avances normativos resultan insuficientes.
La soberanía no se defiende negando la crisis ni confrontando a los organismos internacionales. Se defiende cumpliendo los tratados que México ha suscrito voluntariamente y garantizando los derechos de las víctimas.
La activación del artículo 34 no es una condena definitiva, pero sí una advertencia: el problema es grave y requiere atención urgente. También es una oportunidad para corregir el rumbo, fortalecer las capacidades del Estado y, sobre todo, escuchar a quienes han sostenido esta lucha durante años: las familias.
Porque detrás de cada cifra hay un nombre.
Y mientras haya miles de personas desaparecidas, la realidad no se puede ocultar.
Negarla no la desaparece.
Pero sí compromete la responsabilidad de quien decide no verla.