En México ser mujer sigue significando vivir con miedo. No es una frase retórica ni un recurso discursivo: es una realidad que se confirma todos los días en las cifras, en las fichas de búsqueda y en las historias de familias que no dejan de preguntar dónde están sus hijas.
Entre enero y febrero de 2026 se registraron 340 mujeres reportadas como desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Tan solo el 8 de marzo —el día en que el mundo conmemora la lucha de las mujeres por sus derechos— nueve mujeres fueron reportadas como desaparecidas en un solo día en distintas entidades del país.
Las cifras por entidad también muestran la magnitud del problema. En ese mismo periodo, Ciudad de México registró 65 casos, seguida por Guanajuato con 26 y Puebla con 25.
Pero detrás de los números hay algo aún más doloroso: la edad de las víctimas. El grupo más afectado corresponde a adolescentes entre 15 y 19 años. En otras palabras, estamos hablando de niñas y jóvenes que deberían estar estudiando, soñando, construyendo su futuro.
La noticia reciente de otra estudiante desaparecida en Cuernavaca, Ayelen Iglesias Vidales, de 17 años, vuelve a encender las alertas. Su caso se suma a una cadena de tragedias que ha golpeado particularmente a estudiantes en Morelos en las últimas semanas.
En ese mismo estado, Kimberly Joselín Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, también jóvenes universitarias, fueron reportadas como desaparecidas y posteriormente localizadas sin vida. Otra estudiante, Alondra María Stephanye Contreras, fue localizada con vida horas después de su desaparición.
Tres casos en cuestión de días. Tres historias que reflejan una realidad que se repite en distintos puntos del país.
La desaparición de mujeres no es un fenómeno aislado ni un problema local. Es una crisis nacional.
Frente a esa realidad, México no puede seguir respondiendo únicamente con reacciones fragmentadas o acciones aisladas. Lo que se requiere es una verdadera política de Estado, integral, coordinada y sostenida en el tiempo.
Una política que contemple al menos tres dimensiones fundamentales.
Primero, prevención real de la violencia. Esto implica intervenir en los contextos que hacen posible la desaparición: la violencia feminicida, las redes criminales, la trata de personas y la impunidad que permite que estos delitos se repitan. Hacer efectivo el derecho a vivir plenamente, el derecho a no desaparecer.
Segundo, capacidad institucional para buscar y encontrar. Las madres buscadoras han demostrado una y otra vez que, muchas veces, son ellas quienes hacen el trabajo que debería realizar el Estado. Su lucha ha sido heroica, pero también profundamente dolorosa. El país tiene una deuda enorme con ellas.
Escucharlas, dotar de recursos a las comisiones de búsqueda y fortalecer la coordinación entre fiscalías no puede seguir siendo una promesa pendiente.
Y tercero, justicia. Porque mientras los responsables no enfrenten consecuencias, el mensaje que se envía es devastador: que desaparecer a una mujer puede quedar impune.
México necesita entender que la desaparición de mujeres no es solo un problema de seguridad. Es una crisis de derechos humanos.
Cada nombre que aparece en una ficha de búsqueda es una historia interrumpida. Cada madre que sale a buscar con una pala en la mano es una evidencia del fracaso institucional.
Pero también es una advertencia: mientras no exista una política integral para prevenir, buscar y sancionar, las desapariciones seguirán ocurriendo.
Y el país no puede permitirse acostumbrarse a esta tragedia.