El crimen organizado en México se ha expandido de tal manera que los grupos criminales, originalmente cárteles de la droga, han tomado el control de la mayoría de los negocios legales en los territorios donde operan. Es decir, están involucrados en múltiples actividades que buscan no solo ganar presencia, sino también poder y dinero. Por ejemplo, ya no se trata solo de cocaína o heroína; también controlan el negocio del aguacate, el limón, los textiles, las pieles, el ganado y la pesca.
El crimen organizado no es solo un grupo que inflige violencia a la población; se ha convertido en una marca franquiciataria, que vende no solo su sello, sino también sus formas, su know-how. En los lugares donde tiene presencia, ocupa además un papel fundamental en sustitución del Estado; a veces, incluso, se convierte en la propia autoridad.
Con esta idea en mente, es relevante decir que, como cualquier negocio en expansión, requiere de un capital humano fuerte, disponible y funcional para el cumplimiento de sus objetivos. En una lógica de mercado, a más barata la mano de obra, mayores las ganancias y, por ende, más dinero, más poder y mayor expansión territorial. Por ello, el reclutamiento forzado se ha vuelto la fuente primaria de mano de obra para los cárteles de la droga. No solo enganchan a niñas, niños, adolescentes, juventudes y personas adultas que puedan realizar trabajo intelectual, técnico u operativo, sino también a repartidores, punteros, sicarios, cocineros, expertos en inteligencia artificial, ingenieros y un largo etcétera.
Al diversificarse el negocio, también se diversifican los perfiles a reclutar. Ante la incapacidad del Estado, en muchas ocasiones, para atender a las juventudes y, sobre todo, para ofrecerles un sustento y oportunidades de movilidad social, los cárteles de la droga han ocupado ese espacio y utilizado todos sus tentáculos para devorarlo todo a su paso. Su negocio también incluye la captura de instituciones y de recursos naturales.
El desafío es definir si dejaremos que el crimen organizado se apodere de todo, porque entonces sí seremos un narcoestado. Vamos en ese camino. Hace falta enfrentar el problema y nombrarlo; decir que existe y que muchas de las personas desaparecidas están en centros de reclutamiento forzado, que pueden convertirse en centros de exterminio, como el Rancho Izaguirre. Tenemos el deber de mencionarlo, de decir que México ocupa el primer lugar en desapariciones en el mundo. No solo lo evidencia el Récord Guinness mostrado esta semana por unos padres de familia, sino también la violencia y la crueldad con las que se encuentran restos humanos, como los del hijo de Ceci Flores, hallados esta misma semana.
En México desaparecen personas que son reclutadas y terminan en la nómina de los cárteles de la droga: algunas por medio del enganchamiento en juegos, otras por ofertas directas, y otras más por desaparición. En muchos casos, esas vidas se vuelven desechables, tal como ocurre con los empleos de más baja calidad en el mundo capitalista; pero en este método no solo te despiden, aquí pueden exterminarte.
¿Cómo empezar a afrontar el fenómeno? Tipificando el reclutamiento forzado como un delito autónomo, diseñando una política pública específica y fortaleciendo con capacidades tácticas y teóricas a las instituciones de procuración y aplicación de justicia; recordemos que la profesionalización de los grupos criminales no esperan a la preparación de las instituciones, entre menos incapacidad mayor expansión de estos.
Quiero dedicar este escrito a las y los estudiantes de instituciones de procuración y aplicación de justicia con quienes conviví esta semana. Su trabajo es fundamental para mejorar las condiciones de seguridad en México, pero sobre todo para ayudar a que nuestras juventudes no terminen atrapadas en la cueva del crimen reclutadas.