El caso de Tabasco vuelve a colocar en primer plano una verdad dolorosa en México: la crisis de desapariciones, la cual no puede entenderse al margen de la captura institucional ni de la colusión entre autoridades y estructuras criminales.
Lo ocurrido en ese estado, a partir de los señalamientos contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, hoy detenido y vinculado a proceso por desaparición forzada, parece confirmar con crudeza lo que desde hace tiempo han documentado instancias internacionales y especialistas estudiosos del crimen organizado: cuando las instituciones encargadas de proteger a la población son penetradas por redes criminales, las desapariciones se reportan de manera sistemática.
En ese sentido, el caso tabasqueño remite de manera directa a lo descrito por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y a los hallazgos retomados en informes internacionales sobre México. Como se cita en el texto base: “Entre los principales hallazgos, la FIDH incluye información sobre desapariciones cometidas por actores estatales, o por actores no estatales actuando con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado, así como patrones específicos de desapariciones forzadas que detallan diversos casos, especialmente de colusión entre autoridades de los tres niveles de gobierno con grupos criminales, siendo una de las más comunes las detenciones ilegales de personas por parte de autoridades para entregarlas a grupos criminales o liberarlas y desaparecerlas”.
El problema no se agota en la responsabilidad penal del exfuncionario, sino en la red de protección política e institucional que hizo posible su permanencia, su poder y su presunta operación. Ahí es donde el pacto de impunidad mexicano vuelve a mostrarnos su rostro. Porque, mientras el encargado de la seguridad pública de un estado enfrenta proceso acusado de violar derechos humanos, el gobernador que lo nombró, lo sostuvo y fue su jefe directo permanece sin ninguna investigación y protegido por los mismos que deberían estar evitando las desapariciones. Esa permanencia en la impunidad es precisamente uno de los rasgos más consistentes de los contextos de captura del Estado documentados por la ONU y por la bibliografía sobre macrocriminalidad, mafias violentas y cooptación institucional.
Crimen organizado y narcotráfico no son sinónimos. El narcotráfico es apenas una de las actividades de algunos grupos criminales. El crimen organizado contemporáneo en México es un fenómeno más amplio, más complejo y más expansivo, que combina control territorial, economías ilícitas, violencia y captura de autoridades. Su crecimiento no depende solo de armas, territorio o dinero, sino de su capacidad para corromper, cooptar o subordinar funcionarios, policías, fiscales y estructuras enteras de un municipio, estado o gobierno federal. Cuando eso ocurre, la desaparición de personas puede operar como mecanismo de control, castigo, silenciamiento o eliminación.
Desde esa lógica, Tabasco no aparece como un caso aislado, sino como una expresión monográfica de la penetración criminal en el aparato gubernamental. El expediente de quien era jefe de la policía de Tabasco ilustra cómo las instituciones pueden dejar de contener al crimen para comenzar a servirle o, incluso, permitir que se convierta en la propia autoridad. Y cuando eso sucede, la desaparición forzada o la desaparición cometida con anuencia estatal deja de ser una excepción y pasa a formar parte del repertorio de violencia disponible.
Esa es justamente una de las advertencias más severas de los organismos internacionales: la desaparición no prospera solo por la acción de grupos criminales, sino también por la omisión, la tolerancia o la participación de las personas que componen las instituciones gubernamentales.
La pregunta no es quién ejecuta materialmente las desapariciones, sino qué entramado político, institucional y criminal las permite, las protege y garantiza que no habrá consecuencias para los responsables. En Tabasco, el pacto de impunidad del poder político que rodeó, sostuvo y/o toleró esa estructura seguirá siendo ejemplo de la captura institucional por parte del crimen organizado en nuestro país.
Lo más preocupante es que esta escena ha sido ya descrita, una y otra vez, tanto por organismos internacionales como por la literatura especializada: autoridades cooptadas, redes de protección, control territorial, uso instrumental de la violencia y falta de sanción para quienes forman la red de complicidad. Tabasco no solo revela un caso penal; revela una forma de funcionamiento del poder en contextos de captura institucional. Por eso también el mensaje de fondo es tan grave: cuando caen algunos operadores, pero no quienes los sostuvieron y protegieron, entonces la desaparición seguirá siendo un crimen posible y recurrente, porque la impunidad es la regla.
Mientras tanto, seguimos esperando que rinda cuentas quien era el gobernador de Tabasco y superior jerárquico de quien hoy está detenido y acusado de desaparición forzada: el senador Adán Augusto López Hernández. Esperemos que este asunto no sea otro ejemplo más de la captura de las instituciones mexicanas por parte de redes criminales que encuentran protección en el servicio público.