¿Por qué necesitamos autoridades anticorrupción? ¿Por qué requerimos una estrategia acorde a las tendencias globales?
Las respuestas se entiende con claridad cuando contrastamos dos escenas que hoy conviven en el mismo mundo: la escena internacional, donde hoy los países discuten cómo cerrarle el paso a las redes transnacionales de corrupción, y la escena mexicana, donde, todavía, discutimos si nuestras autoridades van a asistir o no a las reuniones del Sistema Nacional Anticorrupción, y si habrá quórum para sesionar.
En la pasada Conferencia de los Estados Parte número 11, celebrada en Doha, Qatar, se pudo dar cuenta de las discusiones que están llevando a cabo los países en general a lo largo del mundo, y sobre todo los países con mejores condiciones o mejores calificaciones frente al Estado de derecho. Se habló de temas medibles y verificables: tráfico ilícito de flujos financieros; seguimiento del dinero para poder dar con grandes redes de corrupción y también de crimen organizado; protección a denunciantes; mejores prácticas en compras públicas; y mecanismos de cooperación entre Estados cuando la corrupción deja de ser un asunto doméstico y se vuelve una operación transnacional.
Porque la corrupción no solo pide sobornos; se organiza, se esconde y se expande globalmente. En la conversación internacional se está hablando, con la seriedad que exige el tamaño del problema, de la importancia de rastrear los flujos financieros ilícitos, de seguir la ruta del dinero para identificar redes enteras, no solo personas aisladas; la corrupción se mantiene de redes enteras no de actos solitarios. El seguimiento es indispensable tanto para corrupción como para crimen organizado: dos fenómenos que, en la práctica, se alimentan y se protegen mutuamente.
También se discute internacionalmente lo que muchos todavía no quieren nombrar con toda claridad en nuestro país: que las grandes redes de corrupción transnacional pueden trastocar la soberanía. Y que frente a eso hay respuestas institucionales posibles: cooperación, intercambio de información, mecanismos no solo de extradición, sino de colaboración efectiva, anclados en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC). La soberanía se puede defender con capacidades estatales reales para investigar, coordinar y actuar cuando el dinero y las redes cruzan fronteras.
Mientras estos temas se discuten en el ámbito internacional, y los países se miden, se evalúan y se exigen resultados frente a compromisos en el marco de la OCDE, del G20, de la UNCAC, de la OEA, y de mecanismos internacionales como GAFI para prevención y estándares en lavado de dinero, en México estamos resolviendo apenas si nuestras autoridades asisten o no a reuniones del Sistema Nacional Anticorrupción. Estamos resolviendo apenas si tendremos quórum para llevar a cabo estas reuniones. Estamos apenas trabajando a ver si lograremos que el Sistema Nacional de Fiscalización por fin dé resultados. No es casualidad que parte relevante del T-MEC sea el artículo 27 dedicado a fortalecer nuestros mecanismos e instituciones anticorrupción.
Y sí: vamos tarde.
Por eso necesitamos autoridades anticorrupción. Por eso necesitamos un sistema. Porque no basta con indignarnos: hay que construir capacidad institucional. Porque la corrupción se enfrenta con coordinación sostenida, sobre todo ahora que hemos sido espectadores sobre como las fronteras de crimen y corrupción se van diluyendo. Por ello es tan relevante entender que el dinero diluido en la corrupción no se detiene solo con declaraciones de buena fe, sino con trazabilidad, cooperación y vigilancia. Porque, si México se queda discutiendo quórums mientras otros países siguen el dinero, el costo lo pagan las personas: en servicios que no llegan, en obras que no sirven, en justicia que no vemos.
Necesitamos autoridades anticorrupción a la altura, no solo de la discusión internacional, sino de las necesidades que exigen la realidad mexicana, aquella que requiere un punto de inflexión. O hacemos funcionar las instituciones anticorrupción—en serio— o nos resignamos a que el binomio corrupción-impunidad siga siendo un sistema en sí mismo, mientras nosotros solo seguimos planeando eventos y reuniones (que a veces ni siquiera llegan).
Pd. El próximo lunes 19 de enero anunciaremos en la Cámara de Diputados una reforma constitucional y legal del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Será suficiente?
Vania Pérez Morales: Ciudadana, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción y profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México.