Siempre he sido optimista y, afortunadamente, no he perdido ni la capacidad de asombro ni la convicción de que todavía hay muchas personas a las que les importa este país. Por ello, considero que el nombramiento de una nueva persona titular en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) representa una oportunidad para resignificar el combate a la corrupción y trazar una ruta en la que la impunidad deje de avanzar en México, como ha ocurrido hasta ahora. No es cosa menor, se trata de una institución clave, alrededor de 10 billones de pesos son auditados anualmente por la ASF; es decir, recursos públicos que provienen del esfuerzo de las y los mexicanos. Por ello, la ASF debería y puede ser la institución por excelencia para detectar, documentar y llevar hasta sus últimas consecuencias los casos de corrupción, especialmente aquellos relacionados con la malversación y el desvío de recursos públicos.
Este cambio de timón, si de verdad existe voluntad, se verá de inmediato. Empezaremos por saber si habrá o no investigación sobre la gestión del exauditor, pues durante los dos últimos años del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se presentaron cero denuncias de carácter penal. Ese dato, por sí mismo, es alarmante y vuelve corresponsable al todavía servidor público de todo el dinero no acreditado durante ese periodo. Muy pronto sabremos si la nueva gestión mantendrá esa inercia o si Aureliano Hernández Palacios comenzará por hacer lo que corresponde: auditar a la propia Auditoría. Una auditoría forense interna permitiría ir al fondo, deslindar responsabilidades y mandar una señal clara de que la institución ya no será cómplice del encubrimiento.
No es casual, por eso, que la primera reunión del nuevo auditor haya sido con el titular del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, José Ramón Amieva, justo después de una reunión del pleno de este último con el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar. En política, la forma también es fondo. Y más aún en un país como México, que ha sido reiteradamente señalado por sus graves problemas de corrupción estructural, captura institucional e impunidad. Por eso, cada gesto nos debería empezar a importar; cada mensaje cuenta.
Sin embargo, tambien hay que decir que en este relevo la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados quedó mucho a deber en el proceso de designación. Como mujer, como luchadora de mi género y como convencida de la reforma constitucional de 2019 sobre PARIDAD EN TODO, me resulta imposible no advertir la ausencia de perspectiva de género en la convocatoria, así como la falta de máxima publicidad y transparencia en un proceso que, desde el día uno, estuvo plagado de irregularidades. Donde además no tuvimos a una mujer Auditora.
Nunca conocimos las cédulas de evaluación ni la metodología aplicada en las entrevistas o en el escrutinio. Lo que sí vimos fueron listas filtradas a medios de comunicación y sesiones transmitidas en las que se advertía, a leguas, que muchas definiciones parecían estar pactadas de antemano. Tampoco supimos cómo se llegó a la lista de las personas mejor evaluadas y, menos aún, cómo se integró una terna con perfiles que ni siquiera figuraban entre esas mejores evaluaciones. En pocas palabras, hubo una toma de decisiones sin apego a la rendición de cuentas. Y ese no es un detalle menor. No estamos pidiendo concesiones; estamos exigiendo lo que nos corresponde: un buen gobierno. Las y los legisladores trabajan, o deberían trabajar, para las y los mexicanos y, por ello, tendrían que rendir cuentas. El problema es que no lo hacen y, peor aún, se incomodan cuando la ciudadanía se los exige; de hecho, el presidente de la Comisión se mostró incómodo ante preguntas formuladas por integrantes de la sociedad civil, entre ellas las de quien escribe esta columna.
Frente a ese contexto, la pregunta central es: ¿qué le toca al nuevo auditor?
Le toca, primero, abrir las puertas a la sociedad civil y reconstruir la confianza en la única institución autónoma en materia anticorrupción que, al menos en el papel, sigue en pie en México. Le toca también presentar denuncias penales y promover procedimientos administrativos contra cualquier particular o servidor público que tenga injerencia en posibles actos de corrupción. Le toca recuperar el rumbo del Sistema Nacional de Fiscalización, prácticamente abandonado desde 2019, cuando Irma Eréndira Sandoval aún era titular de la Secretaría de la Función Pública. Le toca, en suma, demostrar que la ASF no será más una oficina de trámite ni una institución domesticada por acuerdos políticos con gobiernos estatales, municipales e instituciones federeales.
México necesita coordinación real entre las autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción, ese sistema hoy olvidado en el que siempre parece que el problema es del de enfrente. El país ya no puede limitarse a hablar de prevención de la corrupción; necesita controlarla, investigarla y castigarla. Y en esa tarea seguimos profundamente rezagados. Mientras aquí se absuelve a servidores públicos antes incluso de investigarlos, la desconfianza social se agrava y la impunidad se normaliza.
A la nueva gestión le corresponderá ser verdaderamente la auditoría del pueblo, cuidar que los recursos públicos se usen para satisfacer necesidades colectivas y no para terminar en los bolsillos de los López, de los Sánchez, de los Herrera, de los Monreal o de cualquier otro apellido que haya convertido el poder en patrimonio personal.
Ojalá no se quede todo en un tema de forma. Ojalá la llegada de Aureliano Hernández Palacios marque una ruptura con la complacencia, el silencio y la simulación. Hago votos, por el bien de México, para que su gestión sí esté a la altura de lo que el país exige: una Auditoría que audite de verdad, que denuncie, que incomode y que deje de ser espectadora y complice de la impunidad.