En los últimos días, los medios y las redes sociales han vuelto imposible negar lo que ya sabíamos, pero que demasiados intentaron esconder bajo el tapete, ya no cabía ni una pizca de basura más allá abajo. A partir de ello, he regresado a estudiar conceptos que, en México, se cumplen casi como receta; macrocriminalidad, captura institucional y cleptocracia conviven de manera casi autómata.
Cuando indagamos en estos conceptos, que a veces nos han querido endilgar como si fueran una discusión teórica lejana, encontramos que la macrocriminalidad no es solo la “suma de delitos”, sino una forma de daño estructural, patrones que diluyen sus fronteras y se mezclan, donde se vuelven posibles la supervivencia y la germinación de redes, incentivos y dispositivos (institucionales, legales, económicos y también armados) que garantizan la repetición y, con frecuencia, delitos transnacionales “aderezados” de impunidad.
En ese punto, las fiscalías se vuelven una herramienta fundamental para evitar que la procuración de justicia se quede en un expediente aislado que deja de explicar lo esencial. Lo que importa es reconstruir cómo se articulan actores y decisiones, qué flujos de dinero sostienen la operación, dónde están los nodos críticos del Estado y quién gana con la continuidad de dicho sistema.
Sin embargo, cuando hablo con fiscalas y fiscales del país, el contraste es evidente: mientras crecen los delitos y la profesionalización de las redes criminales, muchas instituciones operan con poco margen de maniobra e ínfimos recursos. Dependen de denuncias que no llegan o de expedientes que no se concretan por falta de capacidades, al mismo tiempo que se expanden los factores que alimentan corrupción, crimen organizado y estructuras que propician ingresar al mercado financiero las ganancias ilegales. De ahí la urgencia, México necesita un giro metodológico en las fiscalías para abordar la macrocriminalidad desde un enfoque holístico, pasar del “caso” a la arquitectura de la red y desarmarla mediante trabajo colectivo entre fiscalías generales y especializadas, y entre los ámbitos administrativo y penal, incorporando delitos contra la salud, lavado de dinero, tráfico de drogas, reclutamiento forzado y vulneración sistemática de derechos humanos.
Y es aquí donde el fenómeno muestra su siguiente fase: la estabilización. Hoy, los sistemas criminales nos han exhibido su capacidad de instalarse en el terreno de la captura institucional. Estamos muy lejos de la idea de que basta con edificar fiscalías anticorrupción o de delincuencia organizada. Lo que vemos es destrucción masiva de infraestructura pública, colusión con el servicio público y la edificación de casi cualquier tipo de negocio en mercados controlados: lo mismo una cervecería artesanal, una marca de jeans u hotelería, que mecanismos sofisticados de lavado de dinero que terminan por insertar recursos en circuitos financieros formales.
En ese punto, la categoría que ayuda a nombrar el resultado es la cleptocracia: un sistema de gran corrupción con casi total impunidad para quienes están autorizados a saquear desde el poder político o desde ámbitos privados ligados a economías criminales, como los narcolaboratorios. Y si el Estado está capturado por redes que atraviesan lo formal y lo informal, lo legal y lo ilegal, volviendo predecible la desviación de decisiones clave, el problema se agrava cuando las instituciones siguen estudiándolo todo de manera tradicional, fragmentada, como si bastara con “tipificar” y archivar.
El ejemplo reciente en México es brutal: el 22 de febrero, fuerzas de seguridad mataron en Tapalpa, Jalisco, a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, y la respuesta fue inmediata: choques y acciones de represalia del grupo “a lo largo del país”. ACLED documenta que la violencia posterior, incluyendo bloqueos “narco roadblocks” e incendios, ocurrió al menos en 20 estados, reflejando el alcance operativo del CJNG y su capacidad de movilización; también señala reportes sobre el uso de drones en la represalia y el riesgo de proliferación de choques letales con fuerzas del Estado. En otras palabras: el problema no es solo “una cabeza”; es la red de condiciones que hace posible que un liderazgo criminal tenga capacidad nacional de respuesta, y que esa respuesta se traduzca en control territorial, demostración de poder y presión operativa contra el Estado.
Por eso, cuando se discute seguridad, México no puede seguir tratándose como un caso más: como una carpeta que solo le pertenece a un delito del código penal. Es un abanico de posibilidades y de estructuras superpuestas. En su serie del Conflict Index, ACLED afirma que Palestina, México y Ucrania son “los lugares más peligrosos del mundo” (most dangerous places in the world). Y en su medición de 2024, ACLED llegó a señalar a México como el segundo país más peligroso para civiles, con aproximadamente 34 % de la población expuesta al conflicto. El mensaje es incómodo y, a la vez, simple, si el conflicto alcanza niveles extremos y se vuelve durable, es porque existen pactos, explícitos o tácitos, entre corrupción e impunidad que sostienen el sistema.
La única salida real no es “más expedientes”, sino desmantelar redes: cortar flujos financieros, cerrar nodos de captura, proteger a quienes denuncian y reconstruir capacidades estatales para que el Estado vuelva a responder al interés público y no a los intereses que lo capturan. Recordemos, el monopolio de la violencia debería ser del Estado; cuando ese monopolio está desdibujado, no podemos seguir investigando de la misma manera, aislada y fragmentaria. Tenemos sendas convenciones internacionales que a veces sirven para presumir en foros, pero no para accionar en expedientes que logren no solo judicializar, sino recuperar la altura institucional que México requiere para dejar de encabezar, por las razones equivocadas, los conceptos expuestos aquí.
Ojo con el anuncio de recompensas para señalados por Estados Unidos en Baja California. ¿Será que estos días solo nos preparan para una nueva realidad, donde la seguridad interior se dirija desde una política bilateral? Nos urge el control desde el interior, empezando por dotar de capacidades y autonomía a las fiscalías.