La publicación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 coloca a México con 27 puntos de 100 posibles y en la posición 141 de 182 países, algo así como sacar 2.7 en un examen.
El resultado es confrontante, no solo porque pone al descubierto las fallas estructurales de control, fiscalización, sanción y rendición de cuentas de los recursos públicos federales y las instituciones, sino porque pone el dedo en la llaga cuando nos confirma lo que se ha dicho en este espacio: las instituciones mexicanas están infiltradas por el crimen organizado. Lo dicen con todas sus letras. Este IPC dibuja de cuerpo completo lo visto en los últimos años: desapariciones, extorsiones y narcopolíticos.
Lo que hoy observamos en el IPC 2025 se explica, entre otras cosas, por fallas concretas en las que las instituciones mexicanas pudieron —y debieron— jugar un papel central. Ahí es donde se encuentran cuatro problemáticas que van enraizándose en nuestro territorio.
El primer foco es la corrupción fiscal, que se deja ver con casos de gran corrupción como el multicitado huachicol fiscal. Con una pérdida estimada de 610 mil millones de pesos, pone en evidencia esquemas complejos de evasión y redes de corrupción que no fueron detectadas oportunamente y que hasta el día de hoy desconocemos si se están controlando.
Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, dos referentes en la materia, en un par de líneas describen otro problema relevante y de infiltración criminal: la extorsión. ¿En qué momento llegamos a que un alcalde (Tequila) extorsione a su población? Ya no nos indigna: lo scrolleamos como otros tantos temas. La corrupción se normaliza y la ciudadanía lo percibe como parte del funcionamiento ordinario del poder.
El tercero es la impunidad estructural, a lo que se refiere es que no solo no se castiga, ni siquiera se denuncia. Solo 7 de cada 100 casos de corrupción administrativa reciben sanción, por ello somos uno de los países con más altos niveles de impunidad, sobre todo en las esferas más altas de la política mexicanas. Es normal leer diariamente sobre una gobernadora, un senador, autoridades del presente y del pasado involucradas en escándalos de falta de integridad. En los últimos días, propios y extraños han acusado a la cúpula del partido en el poder de tráfico de influencias, corrupción, extorsión, ilícitos y un etcétera escabroso.
El cuarto es la contratación pública capturada: la falta de verificación de beneficiarios finales y de interoperabilidad de datos facilita la captura de los procesos de compra pública. Lo vimos con Birmex; con los escandalosos contratos que le dieron una casa a la Gaviota; que le permitieron contratar a discreción a Javier Duarte; también al exgobernador de Tabasco. Lo sabemos y no es normal.
México cuenta con un andamiaje institucional anticorrupción que existe en la ley, pero que ha sido debilitado en la práctica. En juego no solo está el TMEC, sino el desarrollo de nuestro país, la soberanía, la seguridad de nuestros hijos. Mientras eso pasa, ya estamos pensando en qué hermano, esposa, hijo o amante sigue para los cargos del 2027. La clase política está en esa agenda paralela: mientras se arreglan el cabello en la estética del Senado, el país pide a gritos respuestas. No nos interesan las campañas en este momento; queremos seguridad, no por el Mundial —que bastante preocupa a las autoridades de la CDMX—, sino porque lo que está en juego es nuestro futuro inmediato.
Hay salida, sí. Nos urge pasar del debate público sobre certeza jurídica y combate a la corrupción a instituciones fuertes para recobrar la credibilidad de México, no solo en sus relaciones económicas internacionales —cosa que no es menor—, sino para reconstruir lo que hoy está carcomido por la corrupción, que dejó de ser un problema administrativo y se volvió parte de redes de macrocriminalidad y captura institucional. Lo que está en la tablita es la capacidad del Estado para sostener su gobernabilidad y el control efectivo sobre sus recursos.
Pd. Atentos: nos toca vigilar a nuestras instituciones anticorrupción, las pocas que quedan, entre ellas la Auditoría Superior de la Federación, pues la semana próxima, después de que se entregue la Cuenta Pública de 2024, saldrá la convocatoria para la designación de su nuevo/a titular. Sospechoso: ¿acaso es para ver cómo se portó el Auditor y un día después sacar la convocatoria para la nueva titularidad? Soy desconfiada.
Ciudadana, profesora de la UNAM, ex presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción