En diversos espacios me preguntan si México es un país por antonomasia corrupto, si tenemos un gen malvado de la corrupción o si el problema nos deviene de la Colonia. En realidad, ninguna de estas premisas es cierta: las y los mexicanos somos tan íntegros como los finlandeses o daneses, y tan corruptos como ellos. No es una cuestión de geografía ni de herencia colonial.
Tampoco podemos esconder el problema estructural y profundo en el que se ha convertido la corrupción en el territorio mexicano, ni cómo sus tentáculos han traspasado fronteras, haciendo que el producto de delitos y faltas administrativas haya encumbrado monetariamente a familias enteras y levantado emporios ilegales alrededor de la impunidad.
No es casualidad que durante este 2025 hayamos asistido a uno de los casos más graves de lo que considero crimen organizado y corrupción. El huachicol fiscal dio cuenta de que incluso las fuerzas castrenses son susceptibles de generar pactos y “negocios” que favorecen a particulares por encima del bien común. Así, en septiembre de 2025 se arrestó a miembros de la Marina, incluido un vicealmirante, relacionados con una red de evasión fiscal en combustible que involucraba a altos mandos militares y funcionarios. Lo aparatoso del caso levantó ámpula en el más alto nivel político en México y en varios países socios comerciales. Sin embargo, lo relevante no se ha tocado: todo el dinero —que asciende a más de 600 mil millones de pesos solo en el último año— tiene un paradero desconocido, y tampoco se sabe quiénes son los personajes que operaban una red de corrupción de tal magnitud en México.
Hay un tema de fondo que necesitamos reconocer y abordar: los vínculos existentes entre la corrupción y la delincuencia organizada transnacional, así como la necesidad de fortalecer la cooperación nacional e internacional para prevenir y combatir eficazmente estas actividades ilícitas interrelacionadas, que representan una amenaza para la estabilidad y la seguridad de las naciones.
Ya lo hemos mencionado en este espacio en meses anteriores: es un asunto de seguridad nacional para los países, pues las operaciones de los grupos delictivos organizados trastocan los fundamentos de la seguridad. Estos grupos, a menudo, utilizan la corrupción para infiltrarse en las instituciones y socavar el Estado de derecho, el desarrollo sostenible y el futuro de millones de personas. Incluso, a nivel internacional, ya existe una Resolución 10/5 desde la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, introducida por Italia y México, que resume medidas destacadas, tales como el acceso oportuno a información de los beneficiarios finales, la protección a la sociedad civil y otros componentes para enfrentar la corrupción que involucra a grupos criminales organizados.
En ese sentido, no todo está perdido. Italia nos ha demostrado por qué el combate al vínculo entre corrupción y crimen organizado debe ser de carácter institucional y no solo punitivo. Un estudio de caso documenta que el periodo de 1993 a 2000 fue conocido como “El renacimiento de Palermo”, con el propósito de sumar esfuerzos para recuperar la ciudad frente a la mafia, reformar la administración y reconstruir la identidad cívica frente a la rampante corrupción e impunidad.
Este caso es relevante porque muestra que enfrentar redes criminales requiere también de medidas anticorrupción en la gestión pública, incluidas reformas y controles en los servicios municipales y, sobre todo, en las contrataciones, al ser estas áreas de la administración las más vulnerables a la captura por parte de las organizaciones criminales.
Teniendo en cuenta este enfoque, el crimen organizado y la corrupción no aparecen como fenómenos separados. Cuando un grupo criminal logra condicionar decisiones públicas —reglas, permisos, contratos o nombramientos— y, además, reduce la capacidad de investigación y sanción, estamos frente a dinámicas compatibles con la captura del Estado. Es decir, el crimen organizado penetra y se integra en las estructuras estatales y sociales a través de la corrupción, que actúa como la “infraestructura” que le permite operar con impunidad y ejercer control territorial y social. Sí, es difícil aceptarlo y es un reto enorme abordarlo, pero estoy convencida de que México tiene con qué.
Así que, a pesar de los grandes casos de corrupción, de la impunidad y ahora también de la infiltración del crimen organizado, lo que debe mantenernos de pie rumbo a 2026 y en los años venideros es el trabajo decidido de nuestras instituciones, la escucha activa de las voces de la sociedad civil experimentada y estudiosa, y la prueba irrestricta de que no se perdonará ni se solventará ningún caso —por pequeño o grande que sea— sin importar lazos sanguíneos con líderes del presente o del pasado, o con familias en el poder. La corrupción nos ha alcanzado y no puede haber posibilidad alguna de utilizar al Estado y la administración pública para beneficio personal o de cercanos; ese debe ser el mensaje para el año que comienza.
¿Cómo lo hacemos?
• Ley y política: Asegurar marcos que permitan el acceso oportuno a información de titularidad real y fortalecer las condiciones para la participación de la sociedad civil en los esfuerzos anticorrupción.• Implementación: Fortalecer capacidades institucionales y la cooperación para investigar y perseguir la corrupción que involucra a grupos criminales organizados, incluyendo mecanismos de colaboración internacional.• Rendición de cuentas: Establecer condiciones para que la sociedad levante la voz sin miedo a represalias y reforzar la protección a quienes contribuyen a exponer la corrupción, incluidos los periodistas.
Si seguimos atrapados en el dilema infinito de 2025 sobre si los partidos que estuvieron en el poder en el pasado robaron más o si el ahora poderoso partido guinda es más corrupto, no avanzaremos. Se requiere que la ciudadanía despierte del letargo y abandone la falsa idea de que los asuntos de la vida pública y las mejoras para vivir en igualdad ante la ley se discuten únicamente en las esferas de lo político, y no desde nuestro propio ámbito de control e influencia: nosotros, nuestras familias y nuestros entornos cercanos. De lo contrario, estaremos destinados a conformarnos con la falsa idea de que genéticamente somos más corruptos.
Yo no estoy dispuesta, porque creo que el destino de México está en nuestras manos y que somos más quienes construimos instituciones íntegras y al servicio de las personas.
Que el 2026 nos encuentre trabajando por México.
Presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción