México, lo sabemos quienes aquí vivimos, tiene muchos temas por resolver. Pero quizás más que resolver la palabra más adecuada sería atender. Atender, con la responsabilidad que ello implica, podría llevar a que el país, poco a poco, resolviera asuntos que ya tocan la urgencia.

Las finanzas públicas empiezan ya a ser un tema. Sí, las mismas finanzas públicas que algunos analistas decían que se habían manejado de forma responsable durante los primeros cinco años de esta administración empezaron a mostrar sus grietas el año pasado y el presupuesto aprobado no hará más que profundizarlas no solo este 2024 sino en los ejercicios subsecuentes, a falta del planteamiento de una reforma seria tanto en la parte del gasto, como en la de los ingresos.

El país contará durante los próximos años condiciones favorables —como las presentadas por el nearshoring— pero los vientos en contra también estarán ahí. Y como siempre, habrá factores externos y otros meramente locales que nos afecten. Pemex es de estos últimos. La enorme petrolera no solo es una empresa financieramente quebrada o una de las más endeudadas del mundo, sino que se ha convertido en un enorme barril sin fondo.

La semana pasada, la Secretaría de Hacienda emitió un decreto por el cual condona a Pemex el pago del Derecho de Utilidad Compartida —la vía por la cual México ingresa recursos del petróleo— por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023 y enero de este año. En el mismo decreto se le exenta del Derecho de Extracción de Hidrocarburos que comparativamente es un monto mucho menor. No se reveló, como era de esperarse, el monto de los recursos que no entrarían a las arcas públicas, pero se estiman en cerca de 87 mil millones de pesos que no serán transferidos. No es la primera vez que una condonación así sucede en esta administración. La Secretaría de Hacienda ya le había perdonado a Pemex el pago de más de 155 mil millones de pesos entre 2019 y 2022 por el mismo concepto.

La justificación, en esta ocasión, fue en el sentido de que la petrolera se ha visto perjudicada por la reducción en el precio internacional del crudo, pero en realidad dicho argumento suena más a pretexto a estas alturas.

En los cinco años de esta administración, el Derecho de Utilidad Compartida ha disminuido de 66% a 30%. Pero además de esa reducción en la carga fiscal —que se vuelve a su vez una carga fiscal para las finanzas públicas—, a Pemex se le condona el pago del mismo, además de las aportaciones de capital que una y otra vez se le han hecho. Con cifras propias de la petrolera, el IMCO estima que Pemex habrá recibido 1.5 billones de pesos hacia el final de este año. Se le han destinado aproximadamente 87 mil millones de dólares.

El problema de Pemex no se queda en Pemex. Los malos resultados de la empresa, las aportaciones de capital que se le han hecho, las condonaciones fiscales que se le han otorgado y otros apoyos que ha recibido repercuten en las finanzas públicas. Al cierre del año pasado, los ingresos petroleros se quedaron debajo del 70% de lo programado y cayeron 49% respecto a 2022.

El problema financiero que Pemex representa para el país no se irá solo. Habrá que atenderlo para que, en algún momento, pueda dejar de ser el barril sin fondo que hoy es.

@ValeriaMoy

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