No hay duda alguna de que 2025 fue un año complejo en cualquier sentido, incluyendo las finanzas públicas. 2025 tuvo como objetivo primordial reducir el déficit público a 3% del PIB para corregir el desorden fiscal del último año del gobierno de López Obrador. La reducción implicaría básicamente una disminución en el gasto público o un incremento sustancial en la recaudación. La realidad llevó a la administración a abandonar los objetivos planeados inicialmente en el paquete económico.
En un año que se antojaba complicado —por las políticas comerciales de Trump y las decisiones de política interna que dificultarían el panorama— llevar el déficit a menos de la mitad de lo que había sido en 2024 no sería sencillo e implicaría ponerle un freno de mano a una economía que crecería poco. A los pocos meses se abandonó la meta. De esta forma, pese a una contención del gasto y a un desempeño recaudatorio mejor a lo previsto, el déficit público no logró reducirse como se había planteado. Las razones son claras: una economía que creció apenas 0.7% en 2025 y un nivel de transferencias a Pemex sustancialmente mayor al aprobado.
A pesar del “esfuerzo recaudatorio” (uso las comillas intencionalmente), el menor crecimiento económico redujo el potencial gravable y limitó los ingresos esperados. Pero el principal factor de presión sobre el balance fiscal fue gasto en exceso en energía; no en mayor capacidad de exploración, generación o transmisión, sino en “apoyos” a Pemex. La Secretaría de Energía rebasó su presupuesto en 189%, equivalente a 262.4 mil millones de pesos, debido a mayores transferencias a la petrolera. El monto es cuatro veces mayor al presupuesto de la Secretaría de Salud en 2025.
La recaudación tributaria alcanzó 5.3 billones de pesos, un máximo histórico, con un crecimiento real de 4.1%, superando ligeramente los montos programados, lo que permitió que no hubiera ajustes sobre el gasto social.
El endeudamiento neto anual del sector público —medido a través de los Requerimientos Financieros del Sector Público— cerró en 4.8%, lejos de la meta inicial.
No obstante, el costo más visible —y preocupante— del ajuste fiscal se concentró en la inversión pública, que cerró 10.4% por debajo de lo programado, ubicándose en 770 mil millones de pesos, su nivel más bajo desde 2007, con una caída interanual de 28.4%, la mayor desde 1991. La realidad nos deja ver que se intentó reducir el déficit sacrificando inversión productiva, comprometiendo el crecimiento futuro y la provisión de servicios públicos esenciales.
Como señaló México Evalúa, de cada peso de deuda adicional que se contrató en 2025, únicamente 45 centavos se destinaron a inversión, lo que implica que la diferencia se fue a gasto corriente. La inversión pública, a diferencia del gasto corriente, es la que genera capacidad productiva, conecta al país y eleva el crecimiento potencial. Reducirla es, en esencia, trasladar el costo de ajuste a las generaciones futuras.
Las finanzas públicas muestran una tensión estructural: se recauda mejor, pero se gasta mal; se ajusta el déficit, pero se sacrifica inversión; se apoya a Pemex, pero se debilita el crecimiento. Sin un cambio en la composición del gasto y una revisión de las prioridades nacionales, el costo inevitablemente recaerá sobre el futuro económico del país.
@ValeriaMoy