La cifra oportuna de crecimiento económico de México en 2025 fue 0.7%. El dato no refleja solo un mal trimestre, una etapa o ciclo económico o el resultado de la incertidumbre comercial. Es, más bien, el reflejo de una economía que lleva tiempo avanzando a un ritmo que no alcanza a cubrir siquiera el crecimiento de la población. No hubo recesión como se llegó a pronosticar, pero si no hay preocupación por este mal dato, debería de haberla.

Se olvida que el crecimiento económico es el resultado del comportamiento de muchas variables y esas dependen del entorno local y externo que prevalezca en el momento. Crecer no es resultado de una intención, es el resultado de acciones dirigidas para aumentar la producción.

Una economía que no crece no puede generar empleos de calidad, complica mantener incrementos reales en los salarios reales por decreto y no amplía la base fiscal necesaria para financiar políticas públicas ambiciosas, sí, esas que tienen visión de futuro y que por ende trascienden los ciclos políticos. Sin crecimiento, todo se vuelve una discusión de reparto de escasez.

El pretexto sencillo sería culpar al entorno externo: tasas de interés altas, desaceleración global, incertidumbre. Todo es cierto, pero es insuficiente. Aún no sabemos con certeza cuál será el crecimiento de Estados Unidos en 2025, se estima alrededor de 1.8%. Parece una obviedad que Estados Unidos crezca más que México, pero lo obvio sería justo lo contrario. México, al ser una economía más pequeña y con un menor nivel de desarrollo, debería crecer a una tasa mayor a la de nuestro principal socio comercial.

La inversión privada sigue contenida por la incertidumbre regulatoria, la debilidad del Estado de derecho y un mensaje persistente de desconfianza hacia el sector productivo. La inversión pública, por su parte, no solo va en picada, sino que se ha centrado en proyectos con rentabilidad cuestionable, dejando de lado infraestructura básica, mantenimiento y capital humano.

¿Qué hacer?

Primero, recuperar la inversión como prioridad de política económica. Eso implica reglas claras, respeto a contratos y un marco regulatorio predecible. No se trata de favorecer a los empresarios, sino de entender que sin capital no hay producción y sin producción no hay prosperidad que repartir.

Suena más fácil de lo que es porque para que verdaderamente suceda, las conversaciones entre el sector público y el privado tendrían que deshacerse de barreras ideológicas que impiden llegar a acuerdos. Dejemos la soberanía para lo que verdaderamente tiene que aplicar y usemos seguridad cuando hablemos de energía, de alimentación o de suministro de cadenas productivas.

Segundo, apostar en serio por la productividad. Eso requiere mejorar la calidad educativa, facilitar la formalización de empresas y trabajadores, fortalecer la competencia e impulsar mayor financiamiento. Políticas que limiten el uso de efectivo, incluso en el pago de las transferencias sociales, serían de utilidad.

Tercero, reorientar el gasto público hacia áreas con mayor retorno social: educación, salud, infraestructura y energía. El gasto no debe realizarse por su visibilidad política, sino por su impacto económico de largo plazo.

Crecer 0.7% es una señal de alarma. México puede crecer más, pero para hacerlo necesita decisiones difíciles, no celebraciones vacías. Si el objetivo es conformarnos con no llegar ni a 1%, lo estamos logrando.

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